De todas las cortinas de humo que inventan los gobiernos en momentos desesperados, la que acaba de proponer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es nimia. Más tapadoras las cortinas que produjo su exjefe Ernesto Samper en la era del 8.000: construir el canal del Dique e instaurar la pena de muerte en Colombia.
Precisamente ahora que el entramado de Odebrecht ha tocado la financiación de las campañas presidenciales y la corrupción desbocada indigna a la opinión, Cristo responde con este intento artificioso de mover temas sin ningún significado para la vida social de los colombianos o la recuperación de sus instituciones.
Primero tanteó la posibilidad de meter sus propuestas por ‘fast track’, dizque como desarrollo de los acuerdos de La Habana. Pero hasta un editorial de ‘El Espectador’ oportunamente había advertido: “El Gobierno haría mal en aprovechar este mecanismo abreviado para aprobar reformas estructurales del Estado que ameritan discusiones con más calma y que no están directamente relacionadas con el proceso de paz”.
Resulta, además, bastante inoportuno que en un año pre-electoral al Gobierno se le ocurra presentar unas reformas electorales anodinas, que de todas maneras implicarían cambios en las reglas de juego y cuya conveniencia es bastante cuestionable.
Propone, por ejemplo, volver el voto obligatorio. Muchas veces hemos dado esta discusión. Pero hasta ahora ha ganado la tesis de que el ejercicio democrático tiene que ser espontáneo y provocar el interés directo del elector. Volverlo obligatorio no acaba con la venta del voto, pero sí lo abarata, porque al que le toca votar a la fuerza, con mayor razón pretendería sacarle provecho a esa obligación. Se alega a su favor que sería una medida eficaz contra el abstencionismo crónico, que les resta cada vez más legitimidad a los funcionarios elegidos y a las instituciones. Falso. ¿Acaso es fuente de legitimidad que a un ciudadano lo lleven a votar so pena de una multa? ¿Qué convicción hay ahí? ¿Es más democrático que a alguien lo amenacen si no vota o que lo dejen votar como un derecho que puede ejercer o no ejercer por desconfianza, disgusto o protesta?
Pero si al voto obligatorio se le añade que además tendrán que hacerlo los niños colombianos a partir de los 16 años, nos encontraríamos con un extraño fenómeno: que mientras bajo la mirada del mundo se le estaría poniendo fin al reclutamiento forzado de niños en las Farc para la violencia, el Gobierno pretende ahora un reclutamiento forzado de niños para la causa electoral vinculándolos así, a la brava, a la casta política. A los 16 años, en los niños la emotividad y no la reflexión es la base de las decisiones. Cristo pretende, con esta propuesta, que la masa electoral de colombianos esté compuesta por un segmento de inmadurez obligatoria.
En cuanto a la implantación exclusiva de la financiación pública de las campañas, es un saludo a la bandera y su efectividad se despacha con un renglón de análisis. El problema no es el origen de los dineros, Ministro, sino la incapacidad del Estado para detectarlos. La plata puede venir de Dios, a través del Papa, pero si no hay mecanismos eficaces de control, por celestial que sea, la meterán por debajo de la mesa y se volarán los topes.
Con respecto a la presidencia de 5 años, Colombia ha ensayado a lo largo de su historia de todo. Períodos presidenciales de dos años para debilitar el poder central, y de cinco años bajo la teoría de fortalecerlo. Para concluir que un período de cuatro años es un punto intermedio que ha demostrado su eficacia. ¿Cuál es la prueba que tiene el Ministro de que un año más es garantía de un mejor gobierno? En cambio, no se necesita prueba de que si un gobierno es malo, un año más garantiza que será peor.
En cuanto a la eliminación de la vicepresidencia, es una propuesta intemporal, que tiene adeptos: yo, por ejemplo, preferiría volver al Designado. Pero eliminar la vicepresidencia no va a acabar con la corrupción, ni a mejorar las costumbres políticas ni a disminuir la abstención. Tiene un efecto nulo sobre los males que hoy afectan a nuestra democracia.
Se equivocó de cortina el ministro Cristo. Si era para producir humo, hasta mejor lo del canal del Dique.
Entre tanto... Odebrecht metió US$ 788 millones en sobornos y obtuvo US$ 3.336 millones de utilidad. Mejor negocio, pocos.
MARÍA ISABEL RUEDA