Con la llegada este sábado de 300 guerrilleros de los frentes 3, 14 y 15 de las Farc a la vereda Agua Bonita, de La Montañita, Caquetá, todas las estructuras de las Farc terminaron su desplazamiento a las zonas de ubicación contempladas en el acuerdo de paz con esa guerrilla.
El presidente Juan Manuel Santos calificó este hecho de “histórico” y agradeció a las distintas partes que hicieron posible el tránsito de 6.900 guerrilleros a estas regiones.
“Es histórico que las Farc estén próximas a su desarme y reinserción. Gratitud y reconocimiento a quienes demostraron que la paz avanza”, escribió este sábado el mandatario en su cuenta de Twitter.
El Alto Comisionado para la Paz, por su parte, señaló en un comunicado que unas 100.000 personas estuvieron detrás de las 36 operaciones que llevaron a ubicar todas las estructuras de las Farc que forman parte del acuerdo a las 19 zonas de veredales transitorias de normalización (ZVTN) y a los siete puntos transitorios de normalización en el país “sin ningún incidente”.
Estas operaciones duraron 19 días, en los que los guerrilleros transitaron 8.700 kilómetros a pie, en vehículos y embarcaciones, con acompañamiento de la Misión de Monitoreo y Verificación, en coordinación con la Fuerza Pública.
“Esperamos que esto oriente e impulse los trabajos en proceso para la construcción de los campamentos en las diferentes zonas, a fin de crear las condiciones apropiadas para continuar con los procesos que llevarán a los integrantes de las Farc a su reincorporación”, se lee en un comunicado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
Ahora, terminada la concentración de los guerrilleros, continúa el proceso de dejación de las armas, que contará con la verificación de la ONU. Se espera que el primero de junio de este año las Farc dejen de existir como grupo armado y se conviertan en un movimiento político.
Mientras que las últimas estructuras guerrilleras estaban llegando a las zonas de veredales, el Gobierno Nacional emitió un decreto que reglamenta la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso el pasado 28 de diciembre y que beneficiará a todos los guerrilleros, excepto los que hayan cometido delitos graves recogidos en el Estatuto de Roma (que dio vida a la Corte Penal Internacional), como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.
El nuevo decreto señala que serán los jueces ordinarios los encargados de hacer el trámite y se aplicará la amnistía a los “delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos”.
Para acceder a ese beneficio jurídico, los miembros de las Farc deberán completar un acta en la que se comprometen a no volver a tomar las armas para “atacar al régimen constitucional y legal vigente”.
Aclara, además, que la ley solo se aplicará para los delitos cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo final de paz, el pasado primero de diciembre, “previa solicitud escrita del interesado o de su apoderado ante la autoridad judicial competente, o de oficio por la misma”.
El texto también indica que los trámites serán “preferentes sobre cualquier otro asunto de la oficina judicial”.
De igual manera, se establece que la Oficina del Alto Comisionado de Paz revisará si los solicitantes de la amnistía de hecho pertenecen a las estructuras de las Farc, y será el Inpec el que traslade a los presos que sean beneficiados por la amnistía a las zonas veredales transitorias de normalización.
Tiempos se mantendrán
El cronograma para la dejación de las armas por parte de las Farc se mantendrá. Si bien el jefe de la misión de la ONU para el proceso de paz en Colombia, Jean Arnault, sugirió replantear el calendario de entrega por retrasos en construcciones de las zonas veredales, que ha demorado el acceso de los guerrilleros, ese replanteamiento no contempla la fecha final, sino los tiempos que tendrán los hombres de la guerrilla para hacer la entrega de su dotación, que, de todas maneras, nunca serán más de 180 días después del Día D, que fue el pasado 1.º de diciembre.
Firman acuerdo para sustitución de cultivos
El Gobierno Nacional, en cabeza de la Alta Consejería para el Posconflicto, firmó el sábado el primer acuerdo departamental de sustitución de cultivos ilícitos. Lo hizo en Putumayo y beneficia a 36.000 familias campesinas de esa zona del país. Para lograr el convenio trabajaron, además del Gobierno, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y ‘Pastor Alape’, miembro del secretariado de las Farc.
Lo acordado forma parte de un programa de sustitución voluntaria en el territorio nacional, mediante el cual se pretenden reemplazar este año 50.000 hectáreas por medio de consensos con las comunidades rurales. La iniciativa fue presentada el pasado 27 de enero. En el marco del proceso de erradicación de los cultivos ilícitos, la Dirección de Sustitución también ha logrado acuerdos con organizaciones campesinas en zonas como el Catatumbo, Norte de Santander, y Tumaco, en Nariño. Y se está avanzando en departamentos como Caquetá, Meta y Nariño.
EL TIEMPO