En medio de la inconformidad entre los mandatarios regionales, por la disminución de los recursos que reciben de la sobretasa a la gasolina, el Gobierno trabaja con ellos en una propuesta que terminaría ofreciendo un punto medio entre la situación que se tenía en el 2016 y la que quedó planteada al arrancar el año.
Solo que, para el usuario final, el costo del galón subiría 200 pesos, sin contar con el incremento por los otros componentes que tiene la fórmula para establecer el precio del combustible.
De acuerdo con fuentes allegadas al Ministerio de Minas y Energía, la entidad está decidida a certificar cada mes el valor del combustible para calcular la sobretasa, como lo ordena la ley.
Esta certificación no se hacía desde el 2013, y entre el 2008 y el 2013 se hizo, pero sin cambios en el precio base para la sobretasa. Hacer esa modificación fue el punto de partida de la discusión entre el Gobierno y las regiones.
Según explican las fuentes de Minminas, el precio que se utilizó hasta el final del año pasado era el mismo de ocho años atrás, cuando el petróleo alcanzó sus máximos en la historia.
La idea del Ministerio, entonces, era corregir la inflexibilidad en el precio a los usuarios (la sobretasa estaba siendo fija, independientemente del precio internacional del petróleo).
Hay que recordar que, de dicha sobretasa, que hace parte de un paquete de impuestos que contempla la fórmula para establecer el precio final, el 18,5 por ciento es para municipios y el 6,5 por ciento es para departamentos.
Por ello, la baja más sensible en el recaudo ha sido para los municipios, por lo que Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios, expresó que “la base gravable de la sobretasa a la gasolina, desde 1998, ha sido competencia del Ministerio de Minas, y ni siquiera en el 2014, cuando se presentó la más fuerte caída de los precios del petróleo, esa base fue revisada ni modificada”.
La propuesta que se baraja
La propuesta que el Gobierno hizo a las regiones, tras la polémica suscitada cuando advirtieron la baja en el recaudo, es que el precio que se certifique corresponda al promedio de los últimos 60 meses y no a 12, como se estableció para la certificación vigente.
Al usar esa fórmula subiría la base para el cobro de la sobretasa, lo cual aumentaría automáticamente el recaudo en las regiones, aunque no al nivel que se tuvo hasta diciembre del año pasado, que es el que ellos reclaman.
Y es que, hasta diciembre, la sobretasa se liquidó sobre un precio de 5.078 pesos. Con el cambio hecho a finales del año pasado, ahora se liquida sobre 3.663 pesos. Esa baja en la cifra, según lo ha explicado el Ministerio, se da por reducción de los precios internacionales del petróleo, que tuvieron caída en 42 por ciento, en promedio, entre el primer semestre del 2014 y el cierre del 2016.
Ahora, con el esquema que se propone, de usar el promedio de 60 meses, en la nueva certificación que tendría que expedir el Ministerio de Minas, una vez haya acuerdo entre Gobierno y regiones, la base para el cobro de la sobretasa sería de 4.517 pesos.
Cálculos a mano alzada apuntan a que esto tendría un efecto de 200 pesos en el precio del galón de gasolina para el consumidor final.
Entre tanto, las regiones tendrían una reducción en el ingreso, pero más liviana que la que hay con la certificación actual.
El argumento que expuso el Gobierno a los territorios es que al tomar los 60 meses se lograría incluir todos los cambios que contiene un ciclo completo de precios, es decir, con valores altos y mínimos históricos.
De esta manera, la propuesta busca que si hay alzas o caídas de los precios de referencia, la fórmula garantice que el valor base para la sobretasa sea compatible con la política que busca el Estado, y es que se garantice cierta estabilidad para los usuarios.
Sin embargo, las regiones de todas formas tendrían una caída en el recaudo, estimada en el 10 por ciento en promedio, lo que sería inferior a la que hay actualmente, de 28 por ciento, derivada de la certificación hecha en diciembre.
Hasta ahora, la solicitud de los mandatarios había sido la derogación de la resolución, pues sostienen que pierden 500.000 millones de pesos en ingresos. En este contexto, el viernes pasado se dieron avances, pero la negociación continuará mañana.
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