La falta de cálculo político tiene hoy enfrentados a los alcaldes y gobernadores del país con el Gobierno Nacional como consecuencia del recorte que empezó a aplicarse a los ingresos generados por la sobretasa a la gasolina.
Una certificación emitida a pocas horas de finalizar el 2016 por el Ministerio de Minas y Energía estableció un nuevo cálculo que fija, por debajo de lo que se venía haciendo, el valor base para liquidar la sobretasa. En consecuencia, el retorno para las arcas municipales disminuyó hasta en un 28 por ciento, lo que en plata blanca significa un golpe duro a los mandatarios seccionales y sus planes de gobierno.
Las cuentas de los afectados por la medida tasan esa caída en 500.000 millones de pesos. La explicación técnica que ha dado la cartera de Minas se resume en que es necesario cumplir, como manda la ley, con certificar un precio que corresponda a la realidad, y el que se usaba tenía un desfase de varios años.
Se entiende que en estas materias el Ejecutivo busque alternativas que le permitan armonizar ingresos y cumplir compromisos, en especial los que emanan de una reforma tributaria como el impuesto al carbono. Pero lo que no aceptan las alcaldías es que parte de la estrategia para amortizar el impacto de la reforma se haya hecho sobre el principio de modificar el precio base del combustible, máxime cuando este venía congelado desde el 2008.
El tema, aunque suene técnico, tiene una repercusión directa en los presupuestos regionales y locales. Sobre todo porque buena cantidad de los recursos que se captan por la sobretasa van directamente al financiamiento de obras de infraestructura, como el mantenimiento de vías o los sistemas masivos de transporte público.
Para el caso de Bogotá, el asunto es mucho más sensible, pues el “hachazo”, como lo denominó el alcalde Peñalosa, representa 125.000 millones de pesos que se dejan de recibir al año o 1,4 billones de pesos en la próxima década. Solo para lo que resta de gobierno, ese descuadre puede ser de 400.000 millones, recursos incluidos en el compromiso fiscal del Distrito para honrar las obras del metro y las nuevas troncales de TransMilenio.
La disminución de los ingresos de Medellín bordearía los 27.000 millones de pesos, lo que afecta sus obligaciones de pago a la deuda del metro de la ciudad. Barranquilla dejaría de percibir 10.000 millones, sin contar el impacto en las gobernaciones.
Es evidente que cada sector defiende su posición y expone sus propias necesidades. Pero tratándose de recursos que cada vez cuesta más conseguir, cualquier peso que se interfiera es algo que debe hacerse sobre la base del consenso, que es lo que al parecer no se dio en este caso. Y es claro que el Gobierno no puede pedirles a los municipios que asuman más compromisos mientras les recorta recursos vitales para sus planes y proyectos.
El llamado al diálogo, la sensatez y la búsqueda de fórmulas que permitan superar el impasse son lo aconsejable. El debate que se armó esta semana terminó generando un ambiente de tensión poco recomendable, sobre todo en estas horas, cuando el Ejecutivo necesita menos enfrentamientos y los mandatarios locales, más resultados que mostrar.
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