Las oficinas de los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 funcionaron en el hotel Tequendama. Allí, en su alfombra roja, se arrumaron columnas de papeles con los miles de propuestas escritas por los colombianos, las cuales eran enviadas como iniciativas para ser incluidas en el texto constitucional. Nosotros, cumpliendo el rigor del reglamento, debíamos leer cada una de estas, conceptualizar, acoger o desechar, argumentando siempre las razones de la decisión en uno u otro sentido. Lecturas interminables, subrayando párrafos, artículos, parágrafos, numerales, en fin, textos, algunos escritos en la jerga jurídica y otros, la mayoría, en el lenguaje sencillo de los mortales, eran el pan de cada día.
Así, incorporando una frase de aquí y otra de allá, poco a poco, fue adquiriendo cuerpo el articulado constitucional, el cual, elaborado como ponencia, con sustentación de motivos, cruzaba la carrera 13 hasta las instalaciones del Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada ‒habilitado para el examen de las propuestas elaboradas por los constituyentes‒, para los debates en las comisiones y el debate definitivo en las plenarias. Seis febriles meses, casi sin descanso, fueron suficientes para tener listo el texto de la Constitución Política.
Además de las lecturas, elaboración de ponencias y asistencia a los debates de comisiones y plenarias, también se debía asistir a innumerables reuniones y audiencias para escuchar los argumentos de la ciudadanía y de los funcionarios sobre los temas de interés. Y a estas actividades había que sumarles los viajes para atender foros académicos y la rendición de cuentas a los electores para informar sobre los desarrollos del trabajo encomendado. ¿Cómo nos alcanzó el tiempo? Miro hacia atrás y, realmente, creo que no dormí durante esos seis meses. Por lo menos esa es la sensación que impregna mi memoria.
En esas discusiones alrededor de los temas concernientes al Estado, a los derechos de los ciudadanos, al territorio y su organización, y después de haber sorteado debates teológicos sobre la presencia de Dios en el texto constitucional y las sublevaciones que surgieron cuando se intentó buscar una salida al mar al departamento del Cesar, en fin, de escribir los contenidos del pacto social, llegó el espinoso tema de la extradición. Corrían rumores de amenazas de los llamados ‘extraditables’, cabezas de los carteles mafiosos de la droga, en especial del cartel de Medellín y su cabecilla Pablo Escobar. El murmullo del ofrecimiento de dinero también deambulaba por los corredores del Tequendama. El video, que trascendió a los noticieros, en el que aparece un delegatario (Augusto Ramírez Cardona, se lo tragó ‘el no se sabe’) ofreciendo plata para votar negativamente la extradición generó una crisis que casi acaba con las deliberaciones constituyentes. Finalmente, con el voto nominal y público, se decidió prohibir la extradición de colombianos. Años después, presionado por los gringos, el gobierno de Ernesto Samper, salpicado por el escándalo de la infiltración de dineros del cartel de Cali en la campaña presidencial, revivió mediante una reforma a la Constitución el proceso de extradición de colombianos, como medida drástica para perseguir la criminalidad, en especial la de las mafias del narcotráfico.
Y hoy nos encontramos, como en el pasado, en medio de escándalos de infiltración indebida de dineros de multinacionales extranjeras en las campañas presidenciales del Centro Democrático y de ‘la U’, adobadas con escándalos de funcionarios condenados por crímenes de corrupción durante el gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. El extraditable de hoy argumenta la no existencia de la extradición y, aferrado a ese postulado, dice querer un asilo en Disney World antes que una celda en La Picota. ¿Cómo les parece?
Héctor Pineda
* Constituyente 1991