La carnetización de 301 vendedores informales (estacionales y ambulantes) por parte de la Alcaldía de Sogamoso ha sido recibida por algunos como un desacato a la norma de protección del espacio público.
Un jurista consultado por Boyacá Sie7e Días afirmó que lo que hizo el alcalde de esa ciudad, Sandro Condía, viola el artículo 82 de la Constitución Política, que dice que su deber no es el de proteger a los ambulantes, sino recuperar el espacio público.
“Además, debe proteger a los comerciantes formales. Con su actuación, el gobierno de Sandro Condía les otorgó un derecho constitucional denominado confianza legítima, que consiste en que el Estado les permite ejercer su actividad irregular de forma indefinida y, ahora, gracias al carné, el día que quiera recuperar el espacio público debe reubicarlos en condiciones similares a las que están hoy día”, indicó el Abogado.
Los habitantes de Sogamoso se quejan de que uno de los graves problemas es la invasión del espacio público por parte de los vendedores ambulantes, quienes se han tomado las vías y los andenes del centro.
Afirman que con la carnetización el Alcalde les entregó la ciudad a estos comerciantes que no pagan impuestos ni generan empleo.
Manifiestan que la concejal Stella Fernández patrocina a los informales porque son quienes le votan y que lo que hizo la administración fue hacerle un favor a la Presidenta del cabildo.
El Alcalde de Sogamoso explicó que reconoce el trabajo de los vendedores ambulantes como una opción de vida para las familias.
“Es una situación compleja de atender, por eso en el 2016 hicimos un trabajo de caracterización e identificación de los vendedores ambulantes. Lo que hoy se establece no es una autorización a través de un acto administrativo, sino una identificación de los vendedores ambulantes que son de Sogamoso”, aseguró.
Agregó que lo que viene para estos vendedores es que podrán acceder a capacitación y a la organización definitiva para convertirse en comerciantes formales.
“El carné es para una persona por familia y no hay posibilidad para vendedores que vengan de otro lugar. Son vendedores de helados, de periódicos en casetas y de productos de cosecha. No está autorizado vender productos que vende el comercio formal”, aseguró el Mandatario.
Recalcó que si bien es cierto el Código de Policía sanciona la invasión del espacio público, se debe entender que es una realidad social de todo el país.
En Duitama
En Duitama hasta noviembre se tenía una caracterización de 130 vendedores informales, de los cuales cerca de 47 serían amparados por el principio de legítima confianza y 15 más entrarían a ser analizados en su actividad comercial para que también los ampare dicho principio legal.
El alcalde, Alfonso Silva, expresó que se iniciará un proceso de reubicación de los vendedores de comidas, frutas y hortalizas en la central minorista. De esta manera se deja de lado la posibilidad de ubicarlos, por lo menos al sector alimentos, en las instalaciones del antiguo terminal, ya que se crearía competencia ilegal.
Los informales de la ciudad de Tunja y de Chiquinquirá
En Tunja hay algo menos de 186 vendedores informales en la Cooperativa Coovename, que los ampara un fallo judicial que le ordenó a la Alcaldía de Tunja restablecer el espacio público pero garantizar su reubicación. Hay unas 280 personas más que ejercen actividades informales.
En Chiquinquirá se estima que hay cerca de 450 vendedores ambulantes, de los cuales 250 están carnetizados por la Alcaldía municipal.
