Además de incautar el prostíbulo El Castillo, con fines de extinción, el operativo de este miércoles en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe tenía un segundo propósito: seguirle el rastro a una red de prostitución que está reclutando en Bogotá de manera ilegal a decenas de jóvenes de nacionalidad venezolana para ‘comercializarlas’ en casas de lenocinio.
El 5 de noviembre del año pasado, la Policía Metropolitana y la Sijín obtuvieron las primeras evidencias del fenómeno luego de intervenir la zona. Además de dosis de basuco, menores, armas y cocaína, en el operativo encontraron a 15 jóvenes que estaban trabajando en varios locales de la zona y que fueron enviadas a Cúcuta en bus, para su deportación.
“Vienen voluntariamente y saben a qué. Con una frontera tan porosa como la colombo-venezolana, solo necesitan de un pasaje de bus”, le explicó a EL TIEMPO uno de los investigadores.
Sin embargo, advirtió que en la capital hay grupos que las reclutan y, a sabiendas de su situación ilegal y de necesidad, las explotan en varios locales.
“Había información de que en El Castillo trabajaba un grupo nutrido. Pero por la hora del operativo (8 a. m.) y el hecho de que se alcanzó a filtrar antes de que llegara el CTI, no se encontró a nadie”, dijo la fuente.
Lo que hasta ahora se ha establecido es que los proxenetas sacan ventaja de las necesidades económicas del grupo de venezolanas, por la crisis que atraviesa su país. Y aunque las ofrecen a mayores precios a los clientes, bajo la etiqueta de que son extranjeras y nuevas en la zona, a ellas les dan menos dinero del que ganan las trabajadoras colombianas.
Los reclutadores
Algunas incluso han llegado con menores o con varios miembros de sus familias, que son acomodados en inquilinatos.
Cuando son detectadas, como sucedió a finales de 2016, la Policía las entrega a Migración Colombia para deportarlas. La idea, sostienen fuentes de esta entidad, es no revictimizarlas.
Lo que se intenta establecer ahora es quiénes son los cabecillas de las redes de proxenetas que las explotan. Ya hay pistas sobre dos mujeres y un hombre, uno de los cuales estaría conectado con El Castillo, lo que llevó a que se pidiera la intervención de Migración Colombia por parte de la Secretaría de Seguridad.
Se quiere descartar además si algunas son usadas para vender droga.
Por ahora, El Castillo y otros 37 bienes conectados a la mafia entraron a un proceso de extinción de dominio por estar vinculados a los señalados narcotraficantes José Ricardo Pedraza y Carlos Manuel Medina Acosta. El nexo se conoció tras una investigación periodística de EL TIEMPO.
De casas familiares a zona de lenocinio
Hasta la década del 60, el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires (centro de Bogotá), era un barrio residencial al que incluso llegaron europeos que huían de sus países durante la II Guerra Mundial, según explicó el historiador Fabio Zambrano, de la Universidad Nacional. “La urbanización comenzó en la década del 30, con diseño del arquitecto austriaco Karl Brunner”, indicó. De esta forma, entre 1938 y 1940 comenzaron a llegar las familias a las casas que eran de arquitectura de vanguardia para la época y por su ubicación se constituía en un barrio de la periferia del centro. No obstante, con el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, las familias que residían en la zona se desplazan más hacia el norte. “Entre ellos, inmigrantes europeos que llegaron durante la II Guerra”, agregó Zambrano.
Este éxodo fue el inicio del decaimiento del sector, y hacia la década del 60 surgieron los primeros burdeles en la zona.
Así pasaron cuatro décadas, hasta que en el 2002, en la segunda alcaldía de Antanas Mockus, se declaró como zona de tolerancia.
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