El pasado 17 de enero, el Presidente instaló una “misión electoral” de expertos, encargada de proponer reformas pertinentes en el marco del proceso de paz. Tiene cuatro meses para la tarea, aunque Santos le pidió hacerla en la mitad del tiempo. Sorprende que solo cuatro semanas después, el Gobierno, a través del Ministro del Interior, haya anunciado un ambicioso proyecto de reforma electoral.
No son medidas menores: extensión del período presidencial a cinco años, voto obligatorio y a partir de los 16 años de edad, revisión de la circunscripción nacional para el Senado, listas cerradas para elección de congresistas, supresión de la Vicepresidencia, financiamiento estatal completo (ciento por ciento) de las campañas electorales. Santos se había referido a esta última al instalar la Misión. Las otras son propuestas que regresan cíclicamente al debate.
Transformarle los tiempos a la democracia (el significado del cambio propuesto al período presidencial) no es algo que deba hacerse a la ligera. Tras un siglo de pruebas, Colombia logró estabilizar esos tiempos desde 1910, a pesar de la breve interrupción de la dictadura. La reelección consecutiva introdujo una variación significativa, mas conservó el ciclo electoral de cuatro años.
En el pasado tuvimos bienios, sexenios y hasta quinquenios –todos con desemboques inestables; algunos catastróficos–. No existe fórmula universal. Pero el país ha incorporado quizás el ritmo de los cuatrienios en su vida cotidiana en dimensiones insospechadas –con repercusiones, por ejemplo, en el comportamiento de la economía y las expectativas de sus agentes–. Ello no niega posibilidades de reajuste. No es claro, sin embargo, que la propuesta haya sido objeto de serio examen.
El voto obligatorio es un sinsentido. Los argumentos en contra –filosóficos, políticos y prácticos– han sido expuestos una y otra vez en esta columna, y no tengo hoy espacio para volver sobre ellos. Baste decir, por el momento, que las experiencias mundiales con esta medida no han producido ninguno de los resultados que se le endilgan. Véase lo sucedido en Holanda, donde se abandonó el experimento.
No se crea ciudadanía a la fuerza. No parece apropiado hacer el experimento, de paso, con reducciones a la edad mínima para votar.
La financiación estatal completa de las campañas electorales plantea otra serie de problemas. Exigiría una misión exclusivamente dedicada a un tema central de la política contemporánea, aquí y en la Patagonia. En el Reino Unido, la última comisión encargada de proponer reformas en la materia tardó un año preparando informe, con abundantes recursos para hacerlo.
Pero, al igual que con el voto obligatorio, se nos propone la financiación estatal completa de las campañas electorales sin mayores sustentos empíricos, ni sin tomar en cuenta las experiencias internacionales, con el manido y falso argumento de que servirá para combatir la corrupción.
La Vicepresidencia se reintrodujo hace un par de décadas. ¿Existen evaluaciones sobre los desarrollos y resultados de la institución durante este período?
Igual vida tiene la circunscripción nacional para el Senado, que ha servido para garantizarles representación a partidos menores. Su introducción se hizo a costa de la representación territorial. Es un problema bastante obvio, que es necesario corregir, pero sin sacrificar los intereses de los partidos menores. Lo de las listas cerradas también exige más detenidos análisis.
Algunos de estos temas no forman parte, quizá, de la agenda encomendada a la Misión Electoral. Pero ¿no es mejor esperar primero sus recomendaciones antes de aventurar unas reformas de tanta envergadura?
Eduardo Posada Carbó
