El exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, fue notificado este jueves de una decisión que ampara los intereses de samarios y turistas dentro de la pelea que se libra por las redes de acueducto de Santa Marta, hoy en manos de la empresa Metroagua.
Esa compañía, que se hizo cargo del suministro del líquido desde 1991, exige que esa ciudad le pague 60.000 millones de pesos –argumentando inversiones y mejoras al sistema– a cambio de que el próximo 17 de abril, cuando expire su contrato, devuelva las redes de acueducto y la información sobre los cientos de usuarios que usan el servicio.
La juez Tercera Administrativa de Santa Marta le acaba de aceptar las medidas cautelares solicitadas por el exalcalde Caicedo y ordenó que Metroagua entregue la infraestructura, bienes e inmuebles al Distrito; además, le dio 10 días para que traslade a Santa Marta toda la información de los usuarios y se establezca un cronograma para la entrega de la infraestructura. De igual manera, negó la solicitud de Metroagua de que se impidiera la licitación que adelanta la ciudad para que otra compañía asuma la dsitribuición del líquido.
(Vea aquí el documento completo presentado por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta)
El exalcalde Caicedo interpuso la acción popular el pasado 7 de febrero ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta en el que pedía que se protegieran los derechos colectivos y se ordenara la entrega el sistema de acueducto que tiene Metroagua, dentro de un contrato que las autoridades califican de ilegal. La acción popular, respaldada por 230.068 firmas, exigía que no se hiciera el pago y que se revise el cobro que realiza esa empresa.
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Con esta decisión, la Alcaldía podría proceder a entregarle la operación del servicio de acueducto y alcantarillado a un tercero sin traumatismos y también podría prosperar la APP (Asociación Público-Privada) que la Dirección Nacional de Planeacion estructuró para subsanar los problemas que tienen los samarios con el líquido.
Ya se cerraron las licitaciones para escoger el nuevo operador y, por ahora, hay dos interesados en el manejo del sistema.
Metroagua ya había respondido a la acción popular con una carta abierta enviada a la Procuraduría General de la Nación, en la cual denunció las presuntas irregularidades en la recolección de firmas convocada por el exalcalde Caicedo. En la misiva advertía la violación de los deberes del actual alcalde Rafael Martínez de mantener el orden público y la posible afectación de la independencia del juez de conocimiento de la acción popular.
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Según la empresa, las pruebas entregadas a la Procuraduría evidencian la presión recibida tanto por funcionarios como contratistas particulares por el actual alcalde y el exalcalde Caicedo para recolectar las firmas, publicar en sus redes sociales fotos de la campaña #NoMásMetroagua y difundir el logo de dicha campaña, entre otras acciones, para medir el compromiso con la Administración.
El martes pasado, Martínez entregó a delegados de Gestión Pública y Asuntos Ambientales de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, un documento de más de 150 páginas en el que, según él, se evidencia el deterioro del sistema que surte a alrededor de 102.000 habitantes de la capital del Magdalena.
Con carteles, baldes, 'pimpinas' y camisetas en las que se leía el mensaje: "¡Nos cansamos!, no más Metroagua", cientos de samarios marcharon el miércoles para expresar su inconformismo con esta empresa y pidieron que se vaya de Santa Marta.
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