En los últimos meses, Ecopetrol informó sobre ocho atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en zonas rurales de los municipios de Arauquita (Arauca) y Teorama (Norte de Santander).
Esta constante de inseguridad, anudada a la escalada de apropiamiento ilícito del petróleo en el 2016, genera un margen de pérdidas que pone en riesgo la producción del hidrocarburo en la región del Catatumbo.
El año pasado, el Ejército, en conjunto con la central energética, desmontaron 189 válvulas ilícitas o ‘pegas’ –como son conocidas en el medio– ilegales que se usaron para robar 1.560 barriles diarios, un dato que tiene preocupadas a las autoridades locales frente al acelerado aumento de este fenómeno y sus efectos nocivos sobre el entorno.
De acuerdo con la Fuerza Pública, este flagelo se ha extendido a cinco municipios de Norte de Santander, donde manos criminales instalan estos artefactos –que también son usados en Venezuela para el robo de acueductos– para sustraer el mineral y someterlo a un proceso de destilación artesanal que produce la materia prima del narcotráfico: la pasta de coca.
“Podemos decir que esto es un fenómeno de criminalidad que se maneja en esta región del país. Hay mucha gente involucrada, hay mucha población civil involucrada en esto; de hecho, se ha hecho la captura de representantes comunales del municipio de Tibú vinculados a esta actividad. Lamentablemente, esta es la forma en la que se delinque en el Catatumbo y es un proceso criminal que no dejaremos de combatir”, explicó el brigadier general Hugo Alejandro López, comandante de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército.
Esta actividad afecta con mayores consecuencias dos proyectos de Ecopetrol que tienen asiento en esta zona del país. Uno de ellos se denomina Campo Tibú, un complejo petrolero ubicado en las afueras del municipio y conformado por pozos de producción y líneas de transferencia. Este proyecto busca ampliar la producción y generar mayores ganancias a la empresa y a la zona.
El otro negocio de la petrolera se centra en el transporte del mineral a través de los 328,2 kilómetros del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que también fue blanco de 43 atentados el año pasado.
Según esta compañía, las pérdidas en estos centros de producción y transferencia por concepto de este delito superaron los 11.324 millones de pesos, un pasivo tan elevado que repercute en la disminución de la inversión social y frena la expansión de esta actividad económica que genera 735 empleos, directos e indirectos, en el departamento.
¿Cómo opera esta práctica ilegal?
Aunque del proceso químico no se aprovecha toda la cantidad del crudo hurtado, lo demás sí nutre los otros eslabones de la cadena productiva de la droga, como el transporte y la construcción de centros de acopio ilegal, que se levantan en medio de una zona selvática donde la poca visibilidad cubre los delitos cometidos.
Este fenómeno también beneficia las finanzas de grupos armados como el Eln y la disidencia del Epl, más conocida como ‘los Pelusos’, que tienen injerencia en este sector, donde llegan a presionar a los campesinos para que no denuncien o se conviertan en cómplices silenciosos de esta actividad ilegal.
“La intervención de cuerpos armados, que son bandas organizadas, gente con una estructura, alimenta este accionar extremadamente lucrativo para los delincuentes (...). La mayoría de las comunidades son obligadas a hacer esto. Una comunidad campesina carece de esa estructura ilegal para sacar, movilizar y comercializar el crudo. Estas personas no cuentan con estructuras para llevar a cabo este tipo de delitos”, explicó Jorge Villamizar, defensor del Pueblo.
De este fenómeno se tiene registro desde el 2014, cuando la Guardia Venezolana creó el Comando Especial contra el Contrabando e intensificó los operativos militares en la zona fronteriza.
Mientras el transporte ilegal de gasolina disminuía, algunos pobladores se empezaron a aliar con foráneos para desangrar la infraestructura petrolera.
En los informes elaborados por Ecopetrol sobre estos incidentes se consigna que quienes hacen estos ‘pegues’ ilegales son hombres en motocicletas que ingresan a los pozos de producción, se cercioran de que no haya presencia de terceros, estudian la superficie de metal de las líneas de transferencia o del oleoducto y, finalmente, estos determinan dónde realizar la abertura.
A la rotura, estos sujetos le instalan una enredadera de tubos que suelen camuflar con la maraña de selva y que desemboca en una piscina artesanal, donde el petróleo robado es arrojado.
Por lo general, estos depósitos se localizan a pocos metros de estructuras artesanales, identificadas por el Ejército como refinerías, donde hay cocinas y laboratorios de coca, para emprender la producción de la droga.
‘Un daño irreparable para el medioambiente’
Además de que esta práctica ilegal genera un entorno delictivo, el hurto de crudo representa un riesgo altísimo para el ecosistema, puesto que una válvula mal instalada se puede reventar y generar un derrame que envenena cultivos y fuentes hídricas.
Según el alcalde de Tibú, Alberto Escalante, “lo que más preocupa de la proliferación de este fenómeno es el impacto ambiental, pues en ocasiones hemos tenido que suspender el suministro de agua por la presencia de crudo en la bocatoma del acueducto. Definitivamente, es un daño irreparable para el medioambiente”.
De acuerdo con las autoridades, el vertimiento de petróleo por causa de esta actividad delictiva ha impactado 54.000 hectáreas de capa vegetal y las aguas de los ríos Tibú y El Tarra.
GUSTAVO CASTILLO
Enviado especial de EL TIEMPO