Los 118 kilómetros de la vía Buga-Buenaventura, que hace parte del corredor a Bogotá, son considerados por el Gobierno Nacional y gremios como estratégicos para la competitividad y economía del país.
Por ahí circulan cada día unos 6.000 vehículos, un 55 por ciento de ellos de carga pesada, que representan un 50 por ciento del comercio exterior del país que se mueve por carretera.
Desde 1836 cuando se ordena abrir un camino a Cali, son 181 años de un anhelo por una mejor conexión desde el Puerto con el interior del país, que tuvo su acelerador con la ampliación a doble calzada de la vía Alejandro Cabal.
Sin embargo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura expresó su preocupación por los continuos frenos en la movilidad y trabajos e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para una solución.
Las obras llevan una década y hay tramos que ni siquiera se han iniciado.
Lourdes Salamanca, directora jurídica de la CCI seccional suroccidente, pide sacar del limbo jurídico el contrato de concesión entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la firma Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca (MVVCC).
El pasado 6 de diciembre un Tribunal de Arbitramento declaró nulo el contrato, se suspendieron las obras y quedó pendiente un tramo de 17 kilómetros, de 47 contratados.
A esta incertidumbre jurídica se suman los derrumbes, en especial en el sector de La Balastrera, con frecuentes cierres de la vía.
Sandra Silva, directora técnica de la seccional de la CCI señala que en algunos puntos de montaña se hizo empradización, dejando de lado la estabilización, con frecuentes deslizamientos.
Señala que se deben revisar los taludes del tramo Loboguerrero-Mediacanoa e intervenirlos. Una técnica sería con concreto lanzado y pernos de anclaje. Y un estudio para definir dónde serían necesarios túneles falsos que permitan un paso seguro y no se frene tan vital corredor.