Un voz de denuncia sobre la irrupción de grupos paramilitares en zonas donde operaban los guerrilleros de las Farc en el Catatumbo se volvió a escuchar este miércoles durante la creación de una comisión conformada por más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos que se desplazará a esa región del país para evaluar la situación de orden público.
Durante el evento, la Corporación Poder Democracia y Paz mostró un video en el cual se hace un recuento con testimonios y cifras de los hechos ocurridos el jueves de la semana pasada, cuando familias del corregimiento de La Gabarra, de Tibú (Norte de Santander), fueron intimidadas por un grupo de hombres armados, quienes advirtieron su arribo al territorio que horas antes era la zona de preconceptración de 180 miembros del frente 33 de las Farc.
De acuerdo con esta organización, “el día 9 de febrero del presente año, luego de 15 minutos de la salida de la caravana en el lugar conocido como la vereda la Neiva sector Mata de Coco, la caravana es detenida porque un grupo de campesinos de la vereda las Timbas dio aviso al Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la presencia de un grupo armado que se autodenominó como paramilitar”.
Este llamado de alerta hizo que los 1.000 campesinos de las 68 veredas del Catatumbo, acompañantes del traslado de esta facción subversiva, se detuvieran para bloquear la marcha guerrillera hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), ubicada en Caño Indio, zona rural de Tibú.
(Además: Marcha bloqueada de las Farc llega a punto de desarme en el Catatumbo)
“Hemos realizado dos comisiones de verificación (Veredas Las Timbas el día 11 de febrero y Comunidad Saphadana el día 12 de febrero) para constatar las denuncias de la comunidad junto con autoridades civiles, religiosas, organismos de control, Ministerio Público, comisiones de derechos humanos de la Marcha Patriótica y Ascamcat, junto con organismos internacionales, donde corroboramos los testimonios de los campesinos que confirmaron la presencia de grupos armados autodenominados como paramilitares”, aseguran los voceros de la corporación.
La pieza audiovisual, que visualizó nueve testimonios, deja entrever el clima de zozobra en el que están sumergidas estas comunidades nortesantandereanas al sentir una “apatía” por parte del Gobierno frente a una posible irrupción paramilitar, como la ocurrida en 1999, la cual causó el desplazamiento de cientos de familias y una masacre que cobró la vida de decenas de pobladores.
Autoridades desmienten versión sobre grupo armado
Si bien las denuncias que apuntan a develar la sombra del paramilitarismo latente en esta región del país han sido reseñadas por varias colectividades sociales del país, la Fuerza Pública, la Alcaldía de Tibú y una delegación de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) han reducido esta versión a un rumor que intenta perpetuar los miedos del pasado.
(Lea también: Contratistas retenidos en el Catatumbo fueron liberados este sábado)
De acuerdo con estas autoridades, en reiteradas ocasiones se han desplazado a la zona, pero al momento de recoger las denuncias nadie las ha formalizado, arguyendo que prefieren reservar su identidad por razones de seguridad.
De hecho, en un comunicado, la ONU atribuyó estas denuncias a un clamor legítimo que se oye en otras puntos de la geografía colombiana y que va encaminado a redoblar la seguridad en regiones que han sido golpeadas por la violencia.
A pesar de esto, los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que retrasó la llegada de última facción del frente 33 de las Farc al punto de desarme, se encuentran agrupados en un campamento humanitario, a 20 minutos de la ZVTN de Norte de Santander, como prenda de garantía de que sus alegatos en materia de seguridad sean oídos y atendidos por el Gobierno.
“Queremos hacer un recorrido por La Gabarra y luego llegar al refugio humanitario para acompañar a los campesinos y socializar los resultados de este informe. Luego de recaudar la información, se la haremos llegar a las instancias correspondientes para que se haga presencia”, aseguró Elizabeth Pabón, vocera de Ascamcat.
CÚCUTA