Los últimos acontecimientos alrededor de la terminación de la confrontación armada con las Farc muestran, de un lado, el surgimiento de una nueva etapa en la historia de Colombia y, de otro, la necesidad de hacer frente de manera integral a todos los fenómenos que tienen que ver con la seguridad y tranquilidad ciudadanas, no necesariamente vinculados a la existencia misma del conflicto.
Algunos hechos de significación nacional, que abordaremos en otra columna, no dejaron ver la trascendencia que mostraban las imágenes de televisión de guerrilleros y guerrilleras, algunas de ellas embarazadas y con niños de brazos, dirigiéndose a los sitios acordados para su concentración y hacia la dejación definitiva de las armas que durante cincuenta años usaron contra el Estado y la sociedad. Tal vez en otro país esa hubiera sido la principal noticia durante semanas o meses, y con análisis de todas sus positivas implicaciones.
Más de seis mil combatientes activos desarmándose para entrar en la controversia civil ameritaban como noticia un mejor tratamiento. Sesenta años más tarde se repite la imagen de los tres mil guerrilleros de los Llanos entregando las armas ante el general Duarte Blum, después de que el gobierno de Rojas Pinilla los indultara.
El sábado pasado, en el cañón de las Hermosas, en el sur del Tolima, en límites con el Valle del Cauca, el presidente Santos y el Ministro de Ambiente firmaron varios decretos para proteger el ambiente, entre otros territorios, del que delimita el espectacular Parque Nacional Natural de las Hermosas, que comprende los departamentos del Valle, Cauca, Tolima y Quindío.
Durante muchos años esa fue una zona vedada para el Estado. Allí tuvo su radio de acción el frente 21 de las Farc. Lo que más agradecieron los campesinos de la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción de Chaparral, fue el hecho de que con el proceso de paz pudieran llevar ahora una vida tranquila y tuvieran la oportunidad de vincularse plenamente al desarrollo de la región y del país.
El otro fenómeno es el de la delincuencia común, que aparece siempre en primer lugar de preocupación, ya sea en las grandes capitales o en las apartadas regiones del país. Por eso no era viable desmantelar el Ejército ni la Policía, ya que ahora tienen el papel, como lo han señalado sus comandantes, no solo de “copar” las zonas dejadas por la guerrilla, sino de combatir, con mayor ahínco, todos los fenómenos que afectan la tranquilidad ciudadana: narcotráfico, minería ilegal, homicidios, lesiones personales, hurtos a menor y gran escala, incluidos los que se cometen con la tecnología, y además bandas criminales de todos los pelambres, bajo distintas denominaciones.
En este sentido, es aleccionador el reportaje del general Jorge Luis Vargas Ramírez, nuevo comandante de la Dijín, a la revista Semana. Se trata de uno de los oficiales mejor formados en la institución, con probada eficacia no solamente en la inteligencia de la Policía, sino en varios frentes.
Ahora tiene bajo su mando, y con la experiencia acumulada de muchos años, la dirección de la investigación criminal, clave en la lucha contra el delito.
“Hay todo un equipo contra el crimen”, dijo a la revista en un gran resumen de la inmensa tarea que tiene por delante. Policía y justicia son el binomio ideal para devolver la tranquilidad a los colombianos. Por eso, el general resalta la importancia de trabajar, como lo está haciendo, en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la Nación.
Pero es que, además, a este equipo muy pronto le llegará un gran aliado: el general Naranjo, a quien, en su condición de Vicepresidente, el jefe del Estado le ha encomendado no solo el manejo del posconflicto, sino la coordinación de todos los organismos que tengan que ver con la seguridad.
Vicepresidencia, Fiscalía y Dijín, trabajando de consuno, logran sin duda el complemento de las ventajas de la terminación de la confrontación con la paz, que es la consecución de la seguridad integral para Colombia.
Alfonso Gómez Méndez