Dos demandas, una de los otrora empleados de la comisionista de valores Interbolsa y otra de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, fueron aceptadas para estudio por el Consejo de Estado, que tendrá que decidir si condena a las superintendencias de Sociedades y Financiera por omisión al ejercer vigilancia sobre la compañía.
En ambas demandas, los reclamantes sostienen que como víctimas de la liquidación de la comisionista tienen derecho a recibir una indemnización de las entidades estatales, que habrían incumplido “sus funciones de inspección y vigilancia”.
La Universidad Santo Tomás señala que había depositado en cuentas de Interbolsa y el Fondo Premium una cantidad superior a 19.600 millones de pesos, que hoy, por la situación jurídica de las firmas, son de “difícil recaudo”.
Por su parte, los exempleados de Interbolsa, que reclaman sumas individuales de hasta 2.500 millones de pesos, argumentan que la liquidación de la comisionista les representó graves daños patrimoniales y morales, pues perdieron su empleo por la desaparición de la firma.
Al admitir las demandas, el Consejo de Estado desestimó los argumentos de las superintendencias de Sociedades y Financiera, que decían que la presentación de las acusaciones era extemporánea.
