La ONG Human Right Watch aseguró que "el patrón" de estos ataques, que se produjeron entre el 17 de noviembre y el 13 de diciembre de 2016, "muestra que se coordinaron con la estrategia militar global para recuperar Alepo" y que no fueron obra de elementos aislados del Ejército, por lo que instó al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones contra Damasco.
"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no debería permitir que las autoridades sirias o cualquiera que haya usado armas químicas se libren de las consecuencias", señaló en un comunicado el director adjunto de emergencias de la organización, Ole Solvang.
HRW presentó en una conferencia de prensa en la sede de la ONU las conclusiones de su investigación, que asegura que esos ocho ataques documentados dejaron al menos nueve civiles muertos, incluidos cuatro niños, y unos 200 heridos.
Según la ONG, los ataques con cloro se llevaron a cabo en áreas de Alepo en las que las fuerzas gubernamentales buscaban avanzar, comenzando por el este y desplazándose hacia el oeste a media que las líneas del frente se movían. Su informe se basa en entrevistas con testigos, análisis de vídeos y fotografías e información difundida por las redes sociales.
Aunque reconoce la dificultad de identificar con total precisión los químicos utilizados, sin disponer de pruebas en laboratorio, HRW asegura que todo apunta al uso de cloro por parte del Ejército sirio, algo de lo que ya fue acusado en ocasiones anteriores.
El grupo incluye en su informe ocho casos que pudo confirmar, pero asegura que el número total de ataques químicos en Alepo podría haber sido mayor. HRW subraya que no hay constancia de que Rusia, que apoyó desde el aire la campaña del régimen sirio para retomar Alepo, participó directamente en los ataques químicos, aunque asegura que se benefició de ellos para llevar a cabo sus avances militares.
Una acusación que no es nueva
Una investigación de expertos de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) determinó el pasado año que el Gobierno sirio estuvo detrás de varios ataques con armas químicas registrados en el país en 2014 y 2015.
A raíz de ello, las potencias occidentales han buscado durante los últimos meses imponer sanciones al régimen sirio, algo que hasta ahora ha impedido Rusia, que cuenta con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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Moscú, el gran aliado del presidente sirio, Bashar al Asad, considera que no hay pruebas suficientes para castigar a Damasco, que en 2013 aceptó destruir su arsenal químico y no usar ese tipo de armamento tras un acuerdo entre EE. UU. y Rusia.
La zona oriental de Alepo era el gran bastión rebelde en el norte de Siria y fue objeto de una gran ofensiva por parte del régimen y sus aliados desde noviembre.
La campaña se completó a finales de diciembre, cuando el Ejército sirio dio por reconquistada la ciudad tras un acuerdo que permitió la evacuación de muchos combatientes rebeldes y el establecimiento de un alto el fuego.
Naciones Unidas (EFE).