El sistema de justicia que surge de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y las Farc funcionará no solamente de manera paralela a las instituciones que normalmente administran justicia en Colombia, sino también lo hará de espaladas a la sociedad que esa institucionalidad representa y que está consagrada y recogida por la Constitución colombiana.
A pesar de los llamados de atención, los enérgicos pronunciamientos y hasta ruegos de las cabezas de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de otros organismos respetables, quienes hagan parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP) no deberán tener en cuenta la rica jurisprudencia, para algunos de vanguardia, que ha sido ejemplo para la región y el mundo. Tampoco valdrá la larga experiencia de los órganos que con su trabajo de décadas han estructurado y decantado conceptos, definido y orientado la aplicación de criterios que han permitido realizar el valor de la justicia, aunque a veces de manera imperfecta, pero no por eso menos valiosa.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el propio Gobierno ha indicado que ese Acuerdo quiso dejar por fuera a ciertas instituciones que tradicionalmente han participado e intervenido en los procesos judiciales y administrativos en defensa de los más altos intereses de la sociedad y para proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. Es el caso de la Procuraduría General de la Nación.
En efecto, el país parece haber pasado la página de un asunto que resulta grave: hace unas pocas semanas, el propio Procurador General llamó la atención acerca del vacío y, más aún, el atropello que podría estarse dando a los intereses de la ciudadanía por cuanto en el marco de los procesos que se adelanten en la JEP no se contempla la intervención de ese organismo. No solo no se contempla; expresamente se excluyó. En palabras del primer mandatario de la nación, la no inclusión de la Procuraduría se debió a un acuerdo entre las partes.
Cierto es que para la época de la negociación, al frente de la Procuraduría se encontraba un funcionario que no era del gusto de ninguna de las partes; también es verdad que la institución de la Procuraduría es sui géneris y que no son pocos los que preferirían que ese organismo no existiera con el argumento de que Colombia es el único país del mundo que tiene algo así. Pero ni las cabezas de los organismos ni la discusión filosófica y jurídica acerca de si deben o no existir pueden ser la excusa para desconocer a las autoridades, denigrar de las instituciones y, finalmente, cercenarlas de tajo violentando de contera los preceptos constitucionales.
Impedir que la Procuraduría General de la Nación cumpla su función –esto es, defender los intereses de la sociedad, más concretamente defender los derechos de las víctimas del conflicto armado en los procesos y ante las autoridades judiciales que surjan con ocasión del establecimiento de la Justicia Especial para la Paz– es tanto como pretender que se “impartirá justicia”: ello será imposible si se hace de espaldas a sus principales interesados: el pueblo soberano.
Un sistema de justicia como el que se describe, que surge y vive por el recorte presupuestal que se le hace al sistema ordinario y cuyo fundamento es la burla del Estado de derecho, no puede ofrecer paz. Es todo lo contrario a ella.
Haber excluido al Ministerio Público es otro indicio de cómo el sistema de la JEP no ofrece garantías. Una razón más para sospechar que se trata de un andamiaje creado para proferir decisiones amañadas, alejadas de la verdad y fundadas en criterios tales como la venganza y los intereses privados, pero jamás buscando la justicia, la equidad y menos el interés general.
Claudia Dangond Gibsone
@cdangond
