Si existió una luna de miel entre el gobierno de Venezuela y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, duró muy poco. Este lunes en la noche, la administración del mandatario republicano decidió incluir al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los grandes capos del narcotráfico, también llamada Lista Clinton, en honor al expresidente estadounidense que ordenó su implementación.
Si bien en la temida lista han ido a parar varios funcionarios y exfuncionarios tanto del gobierno del fallecido Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, El Aissami es sin duda la persona de más alto rango en sufrir este deshonor, que tras años de ser investigado por las autoridades estadounidenses decidieron este lunes vincularlo por su supuesta participación en tráfico de drogas y lavado de dinero.
El politólogo y exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Salamanca, le dijo a EL TIEMPO que es la acción estadounidense de mayor envergadura contra un funcionario venezolano. “En cuanto al régimen político, El Aissami es el de más alto rango, le están colocando un ancla muy fuerte a quien puede ser el candidato presidencial del chavismo en un futuro no muy lejano. Esto puede poner al chavismo a buscar rápidamente otro hombre fuerte”, asegura Salamanca.
La lista, que es elaborada por el Departamento del Tesoro, prevé una serie de sanciones para todos los señalados, entre otras, el congelamiento de todos sus activos en EE. UU. y una especie de muerte financiera, pues plantea castigos para cualquier institución bancaria que les preste servicios a estas personas.
En la lista también fue incluido Samark López Bello, un ciudadano venezolano que según el Departamento del Tesoro era asociado del vicepresidente venezolano en sus negocios vinculados con el narcotráfico. De acuerdo con Washington, El Aissami habría facilitado el tránsito de por lo menos 1.000 kilos de cocaína con destino a México y Estados Unidos. Según funcionarios de EE. UU., López Bello operaba como su testaferro lavando los ingresos a través de la compra de propiedades. A su vez, el Tesoro incluyó en su listado a ocho compañías con sedes en Venezuela, Panamá y el Reino Unido relacionadas con el funcionario y congeló los activos de otras cinco compañías estadounidenses que, según las autoridades, han manejado bienes del vicepresidente.
Según Salamanca, "siguiendo la tradición del presidente Chávez podría esperarse que haya medidas severas por parte de Venezuela hacia la relación bilateral, pero ¿está Venezuela en condiciones para tomar una medida como esa? Quizás Venezuela se está cuidando de que Trump pueda tomar, a su vez, medidas tan drásticas como dejar de comprar petróleo a Venezuela. Eso sería un golpe tremendo para el país con la crisis actual", asegura.
En un comunicado, el gobierno de EE. UU. dice que el funcionario recibió pagos por permitir el paso de cargamentos de cocaína por Venezuela del narcotraficante Walid Makled, quien fue capturado en Colombia, pero pese a las presiones de EE. UU. para que se lo enviaran, fue extraditado a Caracas cuando Hugo Chávez era presidente.
De acuerdo con las autoridades de EE. UU., el vicepresidente también está vinculado con el cartel mexicano 'los Zetas' y con el narcotraficante colombiano Daniel el 'Loco’ Barrera.
“Esta fue una investigación que duró varios años y que demuestra que el poder y la influencia no protege a los que se dedican a actividades ilegales", afirmó John E. Smith, de la Ofac, la sección del Departamento del Tesoro que se encarga de este programa de sanciones.
El caso contra El Aissami lleva varios años dando vueltas en las agencias antidrogas de EE. UU. y existe un expediente confidencial elevado por la administración de Barack Obama, en el que se le acusa de narcotráfico y lavado de activos.
El vicepresidente, de origen sirio, también ha sido vinculado en el pasado con grupos terroristas de Oriente Próximo y de ofrecer pasaportes venezolanos a personas de dudosa reputación. La semana pasada, la cadena estadounidense de noticias 'CNN' publicó un informe en el que un exfuncionario venezolano, quien trabajó en el consulado de este país en Irak, vinculó al vicepresidente con una red que vendía documentos de identidad a individuos de esa región del planeta.
Esta sanción no requirió la aprobación personal del presidente Donald Trump, quien no participó en el caso, según un funcionario, quien pidió mantener el anonimato.
“No es un mensaje político ni económico, ni un mensaje entre gobiernos”, dijo William R. Brownfield, asistente del secretario de Estado de Estados Unidos para asuntos de drogas e impartición de justicia y exembajador ante Venezuela entre 2004 y 2007. “Ni siquiera es un mensaje diplomático; es un mensaje que dice que usaremos cualquier herramienta, legal y válida, a nuestro alcance, para perseguir a quienes trafican con drogas internacionalmente”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsales de EL TIEMPO
Washington-Caracas
