La escasez del agua y las deficiencias en las redes del alcantarillado en Santa Marta han sido en los últimos cuatro años el motivo constante de protestas y enfrentamientos que de las calles pasaron a los tribunales, y mantienen en tensión permanente a esta capital.
En la mitad de esta pelea están miles de samarios de barrios populares sometidos a racionamientos diarios de agua como consecuencia de fenómenos naturales como la escasez del líquido por el verano, que seca las fuentes hídricas que bajan de la Sierra Nevada, o la falta de lluvias, que empeora la situación.
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Pero cuando no se trata de problemas causados por fenómenos naturales, surgen los provocados por asuntos técnicos y de infraestructura, por lo que debe responder la empresa Metroagua, que desde hace 20 años es la encargada de la operación del acueducto y alcantarillado de la capital del Magdalena, los cuales que se traducen en una mala prestación del servicio.
Según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Santa Marta tiene actualmente una cobertura de acueducto del 83 por ciento y de alcantarillado sanitario y pluvial, del 76 y 19 por ciento, respectivamente.
La continuidad del servicio de agua es del 20,5 por ciento hora/día, no siempre es apta para el consumo humano y el déficit de agua en temporada de lluvias es de 730 litros por segundo y en temporada seca de 1.268 litros por segundo.
El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, empezó su gobierno con la misión de avanzar en la solución definitiva del abastecimiento de agua potable en la ciudad. En este afán retomó la pelea que inició su antecesor y padrino político, Carlos Caicedo, de acabar el contrato a Metroagua, que se vence el 17 de abril próximo.
Caicedo, acompañado de un grupo de ciudadanos, presentó el martes pasado ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta 230.068 firmas para coadyuvar a la acción popular que busca la culminación del contrato de arrendamiento suscrito entre el Distrito y Metroagua y que dicha empresa le devuelva la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado al Distrito, sin que medie el pago de 60.000 millones de pesos por las inversiones y mejoras que reclaman.
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“Metroagua lo único que quiere es atornillarse en la ciudad, y como dicen por ahí, han decidido ‘secuestrar’ las redes de acueducto y alcantarillado de forma descarada si no se le paga la suma de 60.000 millones de pesos, recursos que pretenden sean desembolsados por el ente territorial sin presentarle a la ciudad información contable ni la ejecución de proyectos de ingeniería, y sin un análisis de precio unitario que demuestre que en realidad el Distrito debe indemnizarlo”, dijo Caicedo, quien está convocando a una marcha este martes denominada ‘Samarios indignados’, la cual saldrá del estadio Eduardo Santos y terminará en el parque de Bolívar.
Por su parte, Metroagua envió una carta abierta ante la Procuraduría General de la Nación, en la cual denuncia las presuntas irregularidades en la recolección de firmas convocada por el exalcalde Caicedo y advierte sobre la violación de los deberes del alcalde Martínez de mantener el orden público y la posible afectación de la independencia del juez de conocimiento de la acción popular.
Según la empresa, las pruebas entregadas a la Procuraduría evidencian la presión recibida tanto por funcionarios como contratistas particulares por el actual alcalde y el exalcalde Caicedo para recolectar mínimo 250 firmas cada uno, publicar en sus redes sociales fotos de la campaña #NoMásMetroagua y difundir el logo de dicha campaña, entre otras acciones, para medir el compromiso con la administración.
Además, señaló que Caicedo “se refiere de manera desobligante a la participación española (indirecta) en la empresa, acciones que atentan contra la integridad y seguridad de los trabajadores de Metroagua y afectan el buen actuar de la compañía”.
Propuesta de solución
La apuesta en la que trabaja el Distrito de Santa Marta, de terminar el contrato con Metroagua, es contratar un operador transitorio que preste los servicios de acueducto y alcantarillado, mientras se surte la licitación del operador definitivo, a través de una alianza público privada (APP) de carácter social, entidad que hará las inversiones en infraestructura, estimadas en 2,8 billones de pesos durante 30 años.
La alternativa seleccionada para el abastecimiento de agua en Santa Marta incluye la infraestructura actual y la construcción de una nueva. En temporada de lluvias, las fuentes de agua serían los ríos Piedras, Gaira, Toribio y Córdoba, que bajan de la Sierra Nevada, y en temporada de sequía la principal fuente sería el río Magdalena.
En esta pelea ya han entrado a mediar entidades de carácter nacional como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que inició una vigilancia especial a Metroagua para garantizar la prestación de los servicios a los usuarios ante las diferencias que se han presentado entre la compañía y el Distrito, debido a la inminente terminación del contrato el próximo 17 de abril.
El director del DNP, Simón Gaviria, aseguró que el contrato suscrito entre el Distrito y la empresa Metroagua es un mal negocio para la ciudad. “Es un contrato de arrendamiento; no hay obligaciones explícitas en inversiones, no hay exigencia en la calidad del servicio y no hay remuneración asociada a la calidad del servicio. En otras palabras, yo pago si entregan un buen servicio; si no entregan un buen servicio, no pago”, dijo Gaviria en su última visita a la ciudad.
La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, dijo que la decisión sobre el proyecto de la APP la toma el Distrito, pero el Gobierno Nacional podría apoyar su financiación. “Estamos dispuestos a dar los recursos que tenemos, los cupos que tenemos en APP del sector de agua y saneamiento, sobre todo porque es la primera iniciativa APP del sector y nos abre las posibilidades para que lleguen iniciativas como esta a otras partes del país”, expresó Noguera.
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