Eso es lo que tenemos que exigir, al unísono, todos los colombianos. La verdad integral. La verdad completa, caiga quien caiga y en el partido que caiga.
Con esa convicción, creo que el fiscal Néstor Humberto Martínez está obrando correctamente, pues veo que sus actuaciones apuntan, precisamente, a que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido con la plata de Odebrecht en las dos candidaturas presidenciales que llegaron a segunda vuelta en el 2014.
Y la búsqueda de esa verdad total tiene un marco institucional que debe ser respetado. El Fiscal no tenía ninguna opción distinta que compulsar las copias al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia. Si hubiera decidido arrogarse las atribuciones de las autoridades electorales, él mismo habría incurrido en delitos y en responsabilidades administrativas. Pero esa remisión ni suspende, ni anula ni extingue las investigaciones en materia criminal que la Fiscalía deberá seguir adelantando y que, creo yo, llegarán a buen puerto habida consideración no solo del esfuerzo interno, sino de la cooperación penal internacional.
Por lo demás, el país entero estará siguiendo con lupa a los magistrados del Consejo Electoral, quienes cometerían el delito de prevaricato, repito con todas sus letras, p r e v a r i c a t o, si ocultan evidencias, desestiman pruebas o, en palabras más simples, le tuercen el pescuezo a la investigación para favorecer a los investigados por causa de la presión de sus partidos o de sus compromisos o afiliaciones políticas personales. Por ello, aunque el historial del Consejo Electoral es muy precario en materia sancionatoria, este grupo de magistrados, que tiene gente seria, como nunca desde el proceso 8.000 estará bajo los reflectores.
En todo caso, haga lo que haga el Consejo Nacional Electoral, es probable que algunas de las conductas que deben investigar vayan mucho más allá de asientos contables en unos libros, por lo cual están obligados ellos mismos a establecer una estrategia de estrecha cooperación judicial para incorporar en sus expedientes lo que viene de la justicia gringa y de la brasileña y lo que se vaya avanzando en los predios de la Fiscalía General de la Nación. También constituye delito abstenerse de emplear todos los medios a su alcance para llegar a la verdad.
Por todo lo anterior es que no creo ni en condenas ‘a priori’ ni en absoluciones ‘fast track’ en ninguna de las dos campañas, aunque penalmente la naturaleza de las conductas investigadas pueda llegar a ser distinta (soborno). Hasta el momento, los colombianos tenemos más preguntas que respuestas en relación con este pestilente asunto contaminado por una polarización delirante que todo lo envenena.
No debe haber tratamientos benevolentes para ninguno de los dos en sus respectivas líneas de investigación. Ni preferencias. Ni rencores. Ni agenda partidista. Ni presiones de ninguna clase. Confío en la capacidad del Fiscal para lograrlo.
Dentro de este contexto, creo que las únicas ventajas procesales de las que tengamos noticia deben ser aquellas derivadas de confesiones judiciales oportunas, rápidas, eficaces y contundentes que permitan conocer en su integralidad lo que ocurrió.
Algunos han decidido convertir los actuales momentos en un escenario catastrófico de desesperanza y tragedia, lamentándose porque todo se ha derrumbado en Colombia. Yo, por el contrario, expreso mi optimismo por lo que implica empezar a destapar al más alto nivel la podredumbre de la financiación de campañas y los siniestros compromisos de reciprocidad que entraña en todos los niveles del Estado, hasta llegar a los municipios más pequeños.
Esto le abre la puerta, necesariamente, a una reforma política profunda urgente e indispensable. ¡Adelante, señor Fiscal!
JUAN LOZANO
