El Gobierno ha tenido absoluta disposición para atender todas las preocupaciones de la Corte Suprema y el señor Fiscal frente al acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y por tal razón las ha discutido con una y otro. Muchas de esas preocupaciones se han incorporado al texto, en la medida en que no son contrarias a lo convenido en La Habana.
Una de ellas tiene que ver con el temor de que las Farc pudieran seguir beneficiándose de sus bienes después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz. Para evitar ese peligro, en el segundo acuerdo se pactó que durante su permanencia en las zonas transitorias, las Farc harían un inventario de sus propiedades, y además quedó claro que cualquier bien que no quede relacionado en esa lista va a estar sujeto a lo que prevé la legislación ordinaria. El texto del acuerdo es tan diáfano en este punto que basta por sí solo para desmentir las afirmaciones hechas por Mauricio Vargas en su columna del fin de semana pasado, en el sentido de que las Farc van a poder cometer delitos de lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz.
Lo que el Gobierno no puede hacer es aceptar propuestas que supongan modificar lo que se acordó en La Habana. Uno de esos temas es el tratamiento que se les debe dar a los llamados delitos de ejecución permanente. En lo que al acuerdo de paz concierne, son aquellos que se consumaron antes de la entrada en vigencia del Acuerdo Final, es decir, antes del 1.° de diciembre, pero cuya ejecución perdura más allá de esa fecha. Ese sería el caso, por ejemplo, de las plantaciones de coca, que no desaparecieron al día siguiente de firmarse la paz, por la sencilla razón de que es imposible que en un segundo desaparezcan miles de hectáreas de cultivos ilícitos sembrados durante años.
Aunque alguien podría decir que la existencia de esas plantas después del 1.° de diciembre del 2016 constituye un delito nuevo, distinto de los cometidos durante el conflicto, y que ese nuevo delito pondría en evidencia que las Farc habrían incumplido su compromiso de no delinquir más, el tema no es tan simple. Esas plantas siguen ahí porque es imposible destruirlas un día después de la entrada en vigencia del acuerdo, y por ello se avanza en su implementación en el punto de lucha contra el narcotráfico. Es equivocado entonces concluir de pleno derecho que las Farc hayan incumplido su palabra.
La evaluación de si en esos casos hay o no una violación de los compromisos le corresponde a la JEP porque en La Habana se convino desde el 23 de septiembre del 2015, y se hizo público a todos los colombianos, que esa es una jurisdicción preferente, lo que significa, entre otras cosas, que es ella la que en principio decide cuáles hechos son de su competencia y cuáles no. En caso de que la JEP considere que realmente se trata de un incumplimiento (porque, por ejemplo, se esconden las matas de coca para seguir lucrándose de ellas), el autor de esa conducta no solo pierde la posibilidad de que se le impongan sanciones propias (restricción de libertad) o alternativas (prisión de 5 a 8 años), sino que además se expone a que se le impongan hasta 20 años de prisión en condiciones ordinarias de reclusión. Así va a ocurrir con las plantaciones ilegales, los secuestros o las desapariciones forzadas, luego no es cierto que se esté beneficiando a quien no cumpla con las obligaciones que el sistema le ordene.
Como señaló el presidente Santos hace unos días, tampoco es verdad que esta solución forma parte de un acuerdo secreto al cual se habría prestado el Gobierno para permitir a las Farc seguir con su negocio, como se insinúa en la columna. Es una sugerencia inaceptable que no tiene ningún sustento en la realidad. Esta solución está consignada en un acuerdo explícito, que es el Acuerdo de Paz, cuyos textos fueron convenidos en La Habana entre dos equipos negociadores que se comprometieron a honrarlos y que el país conoce, en materia de justicia, hace 17 meses.
JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior
