Esquilmar un sector que tiene sus cifras en rojo es un acto reprensible, pero si además lo que se apaña son los recursos destinados para proteger el bienestar y la salud de los más pobres, el hecho toma unos tintes verdaderamente criminales.
La frecuente aparición de los tristemente célebres carteles en el campo sanitario amerita una mirada seria a esta situación, a ver si por fin hay conciencia de una práctica que parece imparable.
Basta ver, por ejemplo, los vergonzosos hallazgos de las autoridades de control en varios departamentos de la Costa en donde, en torno a tres enfermedades de alto costo, se conformaron bandas que deslizaban a sus bolsillos miles de millones de pesos a través de procesos que remedaban burdamente la atención de pacientes.
Los carteles de la hemofilia, del síndrome de Down y de la salud mental –los dos primeros en Córdoba y el tercero en Sucre– dejaron al descubierto la facilidad con que gobernantes, funcionarios, médicos y particulares sustrajeron casi 70.000 millones de pesos como si con ellos estuvieran pagando favores de todo cuño, a juzgar por el descaro con que lo hicieron.
Contratos otorgados a dedo a entidades y redes de servicios de calidad dudosa, tratamientos ordenados por médicos fantasmas a pacientes inexistentes, multiplicación de fórmulas, sobrefacturación y falsificación de firmas son apenas una muestra de las artimañas utilizadas por estos delincuentes, algunas con autorización oficial de quienes conocen muy bien el tránsito de los dineros de la salud, entre ellos los del Sistema General de Participaciones destinados a la población pobre no asegurada. ¡Qué infamia!
Aquí debe decirse que estos malhechores que se ensañan con la salud de los más pobres fueron descubiertos por las entidades encargadas de la vigilancia, como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, que ya han judicializado a un buen grupo de sindicados de estos delitos, situación que debería tomarse como un parte de tranquilidad. Sin embargo, estas denuncias abren rendijas que dejan entrever otras aristas de la corrupción que, al igual que estos carteles, parecen ser cosa normal y por donde se desvían los dineros ante los ojos de todos.
No hay que negar que los recursos del régimen subsidiado de salud fueron por muchos años (y en algunas regiones siguen siéndolo) la caja menor de politiqueros y delincuentes de todo cuño, pero sin duda se desvían más dineros al inducir demanda de servicios, ejercer monopolios para imponer tarifas en insumos y medicamentos, aumentar recobros, favorecer marcas, recibir dádivas y prebendas, negar servicios, imponer barreras de acceso, favorecer contratos, nombrar directivos para pagar favores políticos, y hasta al usar los servicios de modo irracional.
En estas dolosas prácticas participan la mayoría de los actores del sector, de manera activa o pasiva, por lo que urge, dada la situación dramática que atraviesan las finanzas de esta área, esa reflexión colectiva para que al hablar de corrupción en la salud se empiece por mirar hacia adentro, bajo la premisa de que aquí nadie se puede lavar las manos, y menos tirar la primera piedra al conocer los carteles que se descubren a diario.
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