Dos semanas antes de las elecciones atípicas para elegir al gobernador de La Guajira, en noviembre del año pasado, se distribuyeron mercados, tejas, cemento, material para fabricar artesanías y hasta chivos, para que habitantes de zonas rurales con baja escolaridad y de pocos recursos económicos votaran por el entonces candidato Wílmer David González Brito.
Así lo aseguró el jueves la Fiscalía durante la imputación de cargos contra González Brito quien resultó elegido con 99.117 votos. El mandatario no aceptó los cargos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal.
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El fiscal del caso señaló que a través de sumas de dinero en efectivo entregadas a concejales de Maicao como Juan Carlos Romo, Silbelly Silena Solano, Liceth Carolina Urieta y Emiro Ospino Gómez, el aspirante a gobernador logró que los líderes locales respaldaran su candidatura y que movilizaran a las comunidades a los puestos de votación. Incluso la Fiscalía señaló que Laura Andrioli, esposa del gobernador, entregó parte de la plata para la compra de los votos.
“En logística me estoy gastando, sin exagerar, 10 millones de pesos porque necesito contratar carros, lo que más me preocupa son los mercados, darle a la gente para que compren su chivo, hagan su comida y vengan desayunados; porque usted sabe cómo se maneja eso (...), con ese recurso yo no puedo mover eso”, afirmó la concejal Solano en una conversación telefónica en la que le pedía a González Brito que le entregara más dinero.
En otra grabación se escucha a dos mujeres, una de las cuales explica que habían quedado de entregarles 20 millones de pesos y que solo llegó la mitad.
La Fiscalía tiene las declaraciones además de habitantes de la región que cuentan cómo fueron citados a una sede de la campaña del candidato, en donde les daban mercado o 50.000 en efectivo. En el expediente hay testigos que señalaron que para el día de la elección ingresaron 200 personas desde Venezuela con el único fin de votar por González Brito.
Contabilidad irregular
La Fiscalía señaló que en la contabilidad de la campaña del entonces candidato, que fue presentada al Consejo Nacional Electoral, no se incluyeron las salidas de dinero que fueron usadas para entregar a los concejales y tampoco se documentó el ingreso de una partida de dos mil millones de pesos de la que habla González Brito en una interceptación telefónica realizada por los investigadores.
“Habla (por teléfono) con una persona sobre el ingreso de dos mil barras”, señaló el fiscal del caso, tras insistir que de esa plata no quedó rastro en las cuentas de la campaña.
Peligro para la sociedad
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió enviar a prisión a González Brito al considerar que puede obstruir la justicia, que es un peligro para la comunidad y para asegurar su comparecencia en las futuras audiencias judiciales.
Sobre la posible obstrucción a la justicia, la Fiscalía dijo que “González Brito ostenta atribuciones tan determinantes como dirigir el departamento (…), es representante legal, tiene poder de contratación” y que podría contactar a funcionarios que debería interrogar la Fiscalía u obtener documentación que podría dificultar la investigación.
Añadió que el gobernador es un peligro para la comunidad al tener en cuenta la gravedad de las conductas y las penas altas para los cargos imputados. “Usaría su cargo para otras acciones. Hay pronósticos de que falsificó documentos”, señaló.
Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá definirá este viernes si envía a prisión a González Brito, quien reemplazo en el cargo a la exgobernadora Oneida Pinto, cuya elección fue tumbada por el Consejo de Estado en junio del año pasado.
Pinto está citada este viernes a audiencia de imputación de cargos por presuntos hechos de corrupción en un contrato de 16.000 millones de pesos, que suscribió siendo alcaldesa del municipio de Albania, apenas unos días antes de retirarse del cargo para iniciar su campaña a la gobernación del departamento.
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