Un clima de incertidumbre financiero reina en el sector automotor de Cúcuta, debido al número desmesurado de vehículos venezolanos, de modelo 2015-2016, que ingresan y circulan de manera ilegal en territorio colombiano, a pesar de los bloqueos que se mantienen en la frontera con Venezuela desde agosto del 2015, por decisión del presidente Nicolás Maduro.
Durante una reunión convocada ayer por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Norte de Santander, este ambiente de dificultad fue expuesto por los empresarios del sector, quienes señalaron los números rojos y la reducción de ventas de carros que han arrojado los reportes de los primeros meses del 2017.
La situación eleva los niveles de escepticismo en este sector de la economía, que superó la adversidad de años anteriores y ahora vive un período de recuperación en el que aportó impuestos por más de 13.000 millones de pesos, en 2016, a las arcas del departamento de Norte de Santander.
“El Gobierno Nacional no puede desampararnos en esta lucha contra el contrabando. No puede perder el foco, a merced de todos los problemas que estamos enfrentando debido a las situaciones que vive Venezuela. Nosotros le pedimos al Gobierno que regule esta situación”, manifestó Gladys Navarro, directora regional de Fenalco.
En el encuentro, los empresarios también hicieron referencia a los blandos controles que realiza la Fuerza Pública y al vacío jurídico que existe, el cual favorece la circulación de los vehículos venezolanos.
Según Diomar Velásquez, secretario de Tránsito departamental, el fenómeno está también ligado a los altos índices de desempleo e informalidad en Cúcuta, que motivan la compra a precios inferiores de este tipo de automotores, que ingresan al territorio nacional por las más de 100 trochas que hay entre Norte de Santander y el vecino país.
“Se desconoce la cantidad de vehículos que están pasando de Venezuela hacia Colombia. Conocemos que son de diferentes marcas y de modelos de entre 2015 y 2016 (...). El decomiso de estos carros compete a la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera”, dijo Velásquez.
EL TIEMPO