El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que, como van las cosas, el valor de las multas que le impondrá la Contraloría Distrital por aplicar la tarifa que decretó para, según él, estimular el uso de los buses del sistema integrado de transporte público, va a superar el billón de pesos (unos 330 millones de dólares).
Lo que hoy tiene enredado al exmandatario es el Decreto 356 de junio del 2012, que ordenó el cobro de 1.700 pesos en la hora pico y de 1.400 pesos para las horas de más baja demanda de pasajeros.
Según la Contraloría, se trató de un subsidio generalizado que causó un detrimento patrimonial y que le valió una multa, ratificada el pasado 29 de noviembre, por 217.000 millones de pesos.
El exalcalde dice que la multa se montó sobre la base teórica y argumentativa de que el Estado no debe financiar el transporte público: “A eso (la Contraloría) lo llama un subsidio generalizado (...). Significa que volvemos a la tesis de que solo los usuarios deben financiar el costo operacional sin ayuda del presupuesto, lo que implica un alza de las tarifas”.
A su juicio, las decisiones que tomó gozan de plena legalidad, porque son similares a las que expidieron otros alcaldes. Advirtió que esto es un ataque sistemático en su contra para sacarlo de la contienda electoral.
La multa se inició en el año 2012 con el anterior contralor, Diego Ardila Medina, y fue firmada cuatro años después por el actual contralor, Juan Carlos Granados Becerra.
Sobre el tema, Granados señala que “aquí se consolidó un subsidio generalizado que tiene prohibición expresa de carácter legal y constitucional. Las circunstancias de reducción de tarifas son de gran popularidad pero ponen en riesgo el sistema (integrado de transporte) en general. Si colapsa, sería grave, sería una catástrofe, solo por tener momentos de popularidad, como es la reducción de las tarifas”.
Petro responde con un llamado de atención a la Contraloría General, porque considera que si no hace nada, “se termina criminalizando la cofinanciación de los recursos públicos del transporte”, un tema que afecta no solo a Bogotá sino al país.
En el reporte oficial de la Contraloría aparecen tres reportes de los procesos contra Petro por 75.666 millones, otro por 12.010 millones, y el más alto por 129.528 millones de pesos. Y faltan las decisiones de los presuntos hallazgos de los años 2013, 2014 y 2015.
Granados Becerra dice que cada vez que sale una decisión en contra de Petro, este la califica de persecución política, “pero la realidad es que el modelo de negociación con los concesionarios (del transporte masivo) debe ajustarse y sincerarse, o si no, se puede generar una quiebra del sistema”.
Para Petro, el personero y el contralor son instrumentos de extorsión y chantaje de la clase política territorial que los elige.
“La contraloría que estuvo en el gobierno de la Bogotá Humana fue elegida por concejales del ‘carrusel’ de la contratación, al igual que el personero, y su labor fue atacar e impedir el desarrollo de los programas. Funcionó como una especie de policía política del ‘cartel’ de la contratación”, dijo Petro.
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