El abuso sexual de una niña de 13 años en la vereda La Hoz, en Apartadó (Antioquia), puso en alerta a la comunidad de esa zona del Urabá antioqueño por la presunta presencia de grupos armados ilegales.
Voceros de la Comunidad de Paz, entidad que se atrevió a reportar la situación, aseguran que los victimarios son miembros de bandas criminales.
La menor víctima de abuso sexual fue atendida por la Policía de Infancia y Adolescencia dos días después de conocerse el hecho, mientras el Ejército desplegó un operativo en las veredas Mulato y La Hoz.
“Una vez conocimos la situación, nos reunimos con el comandante de la Brigada 17 del Ejército para comenzar la ruta de restablecimiento de derechos de la víctima”, aseguró el alcalde de Apartadó, Eliécer Arteaga, quien explicó que la denuncia sobre el abuso y la presencia de grupos armados en el corregimiento se conoció a través de redes sociales el pasado viernes.
Entre tanto, el coronel Antonio José Dangond, comandante de la Brigada 17, confirmó que un grupo de 80 soldados ingresó a la zona y capturó a un hombre que tenía en su poder un radio y era un presunto miembro de bandas criminales.
La alerta del obispo
El abuso sexual se conoció tras la advertencia del obispo de la Diócesis de Apartadó, monseñor Hugo Alberto Torres Marín, sobre el asesinato de líderes sociales, el despojo a reclamantes de tierra, el incremento de pandillas juveniles en Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, y que bandas criminales vinculadas con los cultivos ilícitos y narcotráfico están ocupando los territorios que han dejado las Farc.
En un comunicado, el religioso advirtió “el preagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las Farc en su proceso de desmovilización e implementación de los acuerdos logrados en La Habana”.
También expresó su preocupación sobre el modo atroz como silencian a reclamantes de tierras. En la última semana, según dijo, se han presentado ocho despojos de viviendas de forma fraudulenta y criminal.
“Estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie, y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses”, asegura el obispo.
En el mismo comunicado, monseñor Torres llama la atención del Gobierno Nacional por lo que califica como “un vacío de autoridad” y le pide “pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato”.
Entre tanto, Juan Camilo Restrepo, presidente de Augura, el gremio bananero más grande del país, dijo que Urabá por supuesto no se sustrae a las dificultades de seguridad que se tiene a lo largo y ancho de Colombia, pero que la región requiere menos estigmatización y más desarrollo integral. “Basta ya con la estigmatización, no somos ‘urabeños’, somos urabaenses”, resaltó Restrepo.
“En Urabá no podemos repetir noches oscuras por falta de Estado e institucionalidad. Le solicité a monseñor una cita para abordar los temas que menciona en su denuncia”, agregó el líder de los bananeros.
El empresario señaló también que lo que más le preocupa al gremio es el fenómeno de pandillas, pero que el sector bananero además de trabajar con la Fuerza Pública genera condiciones de empleo, para arrebatarles jóvenes a la delincuencia.
Deicy Johana Pareja M.
redactora de EL TIEMPO
MEDELLÍN
