La Corte Constitucional negó una tutela que presentó el entonces vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, con la que solicitaba enviar a prisión a dos exfuncionarias de la Contraloría General a las que el ente investigador acusó de ser responsables de supuestas chuzadas ilegales.
La Corte estudió el caso y recordó que las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales. Consideró que la decisión de la jueza que las dejó libres no afectó el proceso, no ha impedido realizar las audiencias ni ha obstruido a la justicia.
El alto tribunal reiteró que la Fiscalía tampoco demostró cómo las acusadas podían influir en los testigos ni el interés de las exfuncionarias por faltar a las audiencias. Según la Corte, el hecho de que hayan cambiado de abogado “no demuestra un ánimo de obstruir a la justicia, en tanto que el cambio de defensor y la dilación en la programación de audiencias es una circunstancia normal (si bien no deseable) en el marco de los procesos del sistema penal acusatorio”.
El caso comenzó en diciembre del 2014, cuando la Fiscalía les imputó a Edith Rocío González y Mónica Esperanza Cano los delitos de prevaricato, abuso de función pública, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento de pruebas y falsedad material en documento público.
De acuerdo con la Fiscalía, las dos funcionarias supuestamente habían ordenado obtener información privilegiada de personajes de la vida nacional y de periodistas que cuestionaban la gestión de la entonces contralora general Sandra Morelli.
En una primera decisión, el juez 41 penal con función de garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra, pero esa decisión fue apelada por la Fiscalía, por lo que un segundo juez decidió declarar el proceso nulo. Posteriormente, otro juez ordenó enviar a las exfuncionarias a prisión. Pero, finalmente, después de varias actuaciones, la jueza 11 penal del Circuito de Bogotá revocó la decisión y ordenó la libertad.
El exvicefiscal Perdomo aseguró que con esa decisión se había “inclinado la balanza de la justicia de manera injustificada hacia los intereses de una de las partes, en desmedro del ejercicio legítimo de persecución penal a cargo de la Fiscalía General y de los intereses de la sociedad”.
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