Después de un año de silencio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela decidió convocar a los partidos políticos a un proceso de “relegitimación” con el objetivo de comprobar si cuentan con militancia suficiente para continuar sus actividades políticas, entre ellas la postulación de candidatos para elecciones y la representación de votantes.
Pero el trámite, que en condiciones democráticas regulares pasaría inadvertido, en la Venezuela revolucionaria podría llevar a la ilegalización de casi todos los partidos políticos de la oposición en vista de las leoninas condiciones establecidas por la autoridad electoral del país.
De la medida quedan exentos, por el momento, tanto el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como la opositora MUD, debido al alto número de votos que obtuvieron en las parlamentarias del 2015.
Sin embargo, esto no exime de riesgos a la oposición, pues, más allá de la lógica jurídica o política, voceros del Gobierno han advertido que de quedar ilegalizados los partidos que integran la MUD esta automáticamente también quedaría neutralizada.
Como ocurrió con la recolección de firmas para el fallido referéndum revocatorio presidencial, para la relegitimación de los partidos el CNE diseñó un operativo que a simple vista muestra dos trabas esenciales de logística: poco tiempo y mínimo despliegue de máquinas captahuellas para que los militantes manifiesten su afiliación partidista.
Específicamente a cada organización política se le va a otorgar un fin de semana –siete horas el sábado y siete horas el domingo– para recolectar al menos 0,5 por ciento de las firmas correspondientes a los votantes inscritos en el Registro Electoral de, por lo menos, 12 estados del país.
Para ello el CNE desplegará 390 máquinas captahuellas en todo el territorio, aunque en sus depósitos tiene 40.000, por lo que la dirigencia política opositora teme que, a pesar de sus esfuerzos, no pueda alcanzar la meta.
“Esta medida fue tomada para hacer prácticamente imposible la renovación de los partidos. Técnicamente es para que no se dé el proceso”, reaccionó rápidamente el gobernador de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles.
Por su parte, el rector electoral, Luis Emilio Rondón, fue el único de los cinco integrantes de la directiva comicial que salvó su voto sobre la decisión alegando también que el proceso menoscaba los derechos políticos de los venezolanos.
“CNE limita derecho a la participación al aprobar proceso de renovación de partidos en condiciones de casi imposible cumplimiento”, trinó Rondón la noche del martes. “Con esta decisión, el CNE dificulta el derecho a la Asociación Política, lo cual es sumamente grave”, reiteró.
Una decisión de este tipo se esperaba desde hace al menos un año, pues en enero del 2016, justo tras el triunfo opositor en las elecciones parlamentarias, el Tribunal Supremo de Justicia –inclinado abiertamente al oficialismo– pidió al CNE activar el proceso de renovación de las grupos políticas.
La ilegalización de los partidos que no puedan cumplir con el requisito se inscribe claramente en el guión de desmantelar a la oposición organizada y ralentizar, aún más, la convocatoria de cualquier proceso electoral.
“Por esta vía, el Gobierno se encamina a imponer en Venezuela un sistema electoral como el de Cuba o Nicaragua”, advirtió el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús ‘Chúo’ Torrealba. “Un sistema electoral en el que quizá hagan elecciones, pero los únicos que compiten son ellos. Unas elecciones en las que la gente quizá pueda votar pero no elegir, porque la inmensa mayoría de las organizaciones políticas podrían estar fuera de juego al imponerse un sistema de relegitimación imposible de satisfacer”.
El CNE suspendió las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en diciembre del año pasado, según un mandato constitucional, y prometió que las haría el primer semestre de este año. Sin embargo, el proceso de relegitimación de los partidos se llevará a cabo desde el 18 de febrero hasta el 23 de abril.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS
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