El Gobierno le hará un barrido minucioso al manejo de la cartera de créditos de cerca de 4.000 entidades cooperativas que operan en el país y que están bajo la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), con el fin de establecer no solo si están cumpliendo con la normativa del sector, sino también para determinar el volumen de recursos que puedan estar comprometidos en el negocio de las libranzas a raíz de los recientes escándalos.
Por eso, dichas entidades tienen plazo hasta el próximo 28 de febrero para remitirle al ente de vigilancia y control del sector solidario la información relacionada con la compra y venta de cartera realizada entre el 2015 y el 2016, según la Circular Externa 5 del 28 de diciembre del 2016, emitida por esa entidad.
El propósito del Gobierno es cerrarles las puertas a delincuentes que, aprovechándose del modelo cooperativo, intenten estafar a cientos de colombianos con un manejo “aberrante e irregular del modelo de las libranzas”, señaló Andrés Felipe Uribe Medina, superintendente de la Economía Solidaria encargado.
Dijo que, como parte de ese mismo plan, a la fecha se han intervenido nueve entidades, creadas bajo el modelo cooperativo con ese fin específico, sin que llegaran a serlo, a las que les fueron detectadas operaciones y manejos fraudulentos con el tema de libranzas.
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“De esas entidades, siete están en liquidación forzosa y dos, en etapa previa; es decir que se está en proceso de definir si es necesario llevarlas a liquidación forzosa o no. Además, tenemos otras 10 a las que se les está haciendo una supervisión cercana para establecer si son objeto de intervención”, precisó el funcionario.
Lo que ha encontrado la Supersolidaria es que esas entidades que operaban bajo la ‘fachada de cooperativas’ asumieron el negocio de libranzas como su objeto principal, cuando por norma este debe ser solo un mecanismo excepcional que pueden utilizar las cooperativas ante eventuales necesidades de liquidez.
También se detectó falta de información en esas entidades, las cuales tercerizaban sus servicios en otras compañías, como Estraval o Élite, quedándose sin el manejo ni el control de su información.
“La inmensa mayoría (de cooperativas) lo hace de manera correcta, pero en esas intervenidas se constituyeron específicamente para hacer venta de cartera, y eso no es legal. Todo esto derivó en un problema de insolvencia muy grande en esas entidades. Hay indicios de que en las 10 que se están inspeccionando pueden existir los mismos problemas”, advierte Uribe Medina.
Pero ¿qué fue lo que facilitó que personas inescrupulosas se aprovecharan de este sector para estafar a tanta gente, a través de un mecanismo diseñado más bien para cubrir ciertas necesidades de financiación e inversión de la población?
Falló la vigilancia
Para Carlos Ernesto Acero Sánchez, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), varios factores confluyeron para que se presentara esta situación que, está demostrado, no la generaron las cooperativas sino entidades de papel creadas con ese único fin de hacer daño a la gente y al sector solidario.
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“Haber permitido la creación de más de 400 empresas SAS en los últimos años para entrar a las libranzas respaldadas por pagarés y que estos se pudieran transar como títulos valores en el mercado secundario fue lo que llevó, en muchos casos, a que esas entidades no cooperativas generaran prácticas muy riesgosas e inseguras”, señaló el vocero gremial.
Prácticas que, en su opinión, fueron denunciadas ante los organismos de vigilancia estatal desde hace siete años, pero que por desgracia no tuvieron mayor eco a juzgar por las consecuencias conocidas en los últimos meses y que según las propias autoridades pueden alcanzar dimensiones económicas mayores a las del desplome del Grupo Interbolsa, ocurrido a finales del 2012.
Acero Sánchez señala que no sería justo achacarle toda la responsabilidad de lo ocurrido a la Supersolidaria, más cuando existe un sistema integral de control estatal, del cual hacen parte las superintendencias de Sociedades, Financiera y la de Industria y Comercio, desde el cual no hubo control adecuado y se dejó avanzar el problema con los resultados vistos.
El vacío en la vigilancia y control, en el caso de la Supersolidaria, tiene su explicación en la falta de compromiso del Gobierno en nombrar un superintendente en propiedad, con la formación, experiencia y conocimientos técnicos que requiere un cargo con ese nivel de responsabilidad, dicen fuentes consultadas del sector.
“Esa entidad duró un año en interinidad (2015), ha tenido 8 superintendentes, interinos o en propiedad en los últimos cuatro años, lo que significa que, en promedio, cada seis meses hubo un cambio allí”, advirtió Acero Sánchez.
Aunque reforzar la vigilancia del sector es una necesidad apremiante, no será suficiente por sí sola, sino que debe estar acompañada de mayor información y educación financiera a la comunidad.
“La gente sigue confiando en las promesas de los altos retornos como solución a sus problemas y ahí es cuando la mala fe de otros actúa; hay que ser muy desconfiado con el dinero”, insiste el supersolidario.
Se estima que el sector cooperativo cuenta con cerca de 6,1 millones de asociados distribuidos en unas 4.000 entidades vigiladas. Sus activos suman unos 33 billones de pesos.
Objetivos trazados en 2017
El sector cooperativo y su esquema de asociatividad son piezas claves en la etapa de posconflicto en la que está Colombia, sobre todo en las zonas rurales, donde la importancia de este renglón será aún mayor al facilitarle a la población desarrollar proyectos productivos que permitan su propia subsistencia y también la seguridad alimentaria del país.
En ello concuerdan Andrés Felipe Uribe, Supersolidario encargado, y Carlos Eduardo Acero, presidente de Confecoop, quienes están convencidos de que se requiere una mayor fortaleza de la supervisión y del sector cooperativo, en general.
“La Supersolidaria tiene que estar preparada para hacer la vigilancia adecuada, debe seguir siendo bastante seria como hasta ahora, evitar que su regulación sea muy laxa, pero también muy rígida, para que no impida que el sector solidario sea el actor que se requiere en el posconflicto”, dice.
A su vez, el vocero gremial añade que le insistirán al Gobierno por una mayor seguridad jurídica, una regulación que se adecúe al tipo de empresas del sector, una supervisión eficaz y que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y control para evitar que la figura cooperativa, que es muy poderosa, sea objeto de abusos de gente inescrupulosa.
“Si se profundiza el modelo, si se abre la posibilidad de que vengan más y nuevas cooperativas por cuenta del proceso de paz y del desarrollo rural, también se requiere que haya un sistema de controles con las características que se están pidiendo”, puntualiza.
CARLOS ARTURO GARCÍA M.
Redacción Economía y Negocios
Twitter: @CarlosGarciaM66
