No ha sido poca la conmoción en el país tras el comunicado expedido en la tarde del martes por la Fiscalía General de la Nación y según el cual una gruesa suma de dinero habría entrado a la campaña electoral del actual Presidente de la República. Así lo aseguró el exsenador Otto Bula, hoy detenido por su participación en el entramado de los pagos irregulares de Odebrecht, la misma firma que habría proveído los fondos en cuestión.
Tal como lo señaló este miércoles en una extensa rueda de prensa la cabeza del ente acusador, por ahora solo existen testimonios incriminatorios y no otro tipo de pruebas. En respuesta, la Casa de Nariño rechazó las afirmaciones del excongresista y afirmó que la campaña del 2014 “no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de esta se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la ley”.
Corresponde ahora al Consejo Nacional Electoral adelantar las investigaciones pertinentes con el fin de determinar si los señalamientos proferidos tienen mérito o no. Tales pesquisas involucrarán igualmente a la organización de Óscar Iván Zuluaga, principal contendor de Juan Manuel Santos en los comicios pasados, cuyo nombre también ha salido a relucir en los procesos que emprende la justicia de Brasil en contra de la firma que fuera la constructora más grande de América Latina.
Es indudable que el manto de duda que se ha tejido con respecto a la probidad de ambas campañas es de una enorme gravedad. Ante las inquietudes, lo único que procede es que las instituciones operen y se apliquen en la búsqueda de la verdad, a sabiendas de que la credibilidad de la democracia colombiana está en juego. Tan compleja labor debe ser ágil y profunda a la vez, para lo cual habrá que acudir a la cooperación internacional y al uso de todas las herramientas forenses que sean indispensables.
Mientras esa labor se verifica, no está de más insistir en que aquí se aplica el principio de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. El lanzamiento de acusaciones sin piso o los veredictos sin fundamento constituyen una tentación, y más cuando empiezan las primeras escaramuzas de cara a la cita que la ciudadanía tendrá con las urnas en el 2018.
Por lo tanto, hay que apelar al sentido de responsabilidad de dirigentes políticos, líderes de opinión y medios de comunicación, pues está de por medio mucho más que la honra de un puñado de notables.
Hecha la petición, vale la pena reiterar que la única manera de superar esta difícil hora es identificar a quienes hayan violado las normas y castigarlos de manera ejemplar, sin importar el partido al que pertenezcan o la posición que ocupen. Tal como ocurre en buena parte de América Latina, en donde las prácticas corruptas de Odebrecht están desembocando en determinaciones de tipo penal, en Colombia también es obligatorio destapar la olla podrida.
En consecuencia, no queda más que apoyar la labor de la Fiscalía, mientras se le exige al Consejo Nacional Electoral la debida celeridad. Lo que está en juego es mucho, pues el país está cansado de la venalidad y exige, con razón, respuestas claras. Ha llegado la hora de darlas.
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