Entre las decisiones que adoptó el martes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, está el traslado al Consejo Nacional Electoral (CNE) de la denuncia radicada por el partido Centro Democrático para que el ente acusador investigara la financiación de la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga.
En concreto se buscaba que se investigara si Zuluaga sabía de los pagos de Odebrecht al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendonça, que lo asesoró en la contienda presidencial.
En una carta de ocho páginas, el fiscal Martínez Neira les responde a las directivas de ese partido que la Fiscalía ya se pronunció el 11 de enero en cuanto a la financiación de la campaña y consideró que no se encontraron delitos, pero que “existían elementos materiales probatorios que podrían inferir que su campaña a la presidencia de 2014 hubiere violado los topes de campaña”.
Por esto ya se habían compulsado copias al CNE y lo mismo se hizo con la reciente solicitud de investigación.
Sin embargo, el Fiscal General deja en claro que hace esa compulsa “sin perjuicio de las actuaciones que puedan corresponder a esta Fiscalía en desarrollo de las investigaciones que adelanta actualmente por el caso Odebrecht”.
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Fiscalía legaliza allanamientos
Como parte de la investigación de la Fiscalía, hombres del CTI realizaron una inspección judicial a la sede del Banco Agrario, en donde se recolectaron datos sobre el préstamo que otorgó la entidad a la sociedad Navelena SAS para financiar el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
Los investigadores buscan documentar todo el proceso que llevó al desembolso del millonario crédito para esa obra, que también está bajo la lupa del ente acusador.
También se legalizan los allanamientos que se han venido realizando en la investigación por las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas. En este caso se investiga a funcionarios de la empresa de acueducto de Bogotá que participaron en la adjudicación del contrato en el 2009.
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Finalmente, en la macroinvestigación sobre el caso Odebrecht, el fiscal Néstor Humberto Martínes señaló que para el 11 de febrero quedó programada la citación a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, quien fue citada a entrevista para preguntarle sobre el otrosí Ocaña-Gamarra.
La Fiscalía encontró que aunque ese contrato, por el que se habrían pagado sobornos por 4,6 millones de dólares, fue elaborado en el año 2013, finalmente fue fechado y suscrito a mediados del 2016. Ello se habría dado con el apoyo de “reconocidos juristas”.
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