La Contraloría General alertó sobre presuntas irregularidades en el manejo de uno de los bienes incautados a José Aldemar Moncada –procesado por nexos de sus empresas con el condenado ‘zar de la chatarra’, James Arias– y quien fue asesinado en abril del 2016, cuando se encontraba en una pizzería de Envigado, a pesar de tener casa por cárcel.
Se trata de varios predios que suman 422 hectáreas en el municipio de Maceo, Antioquia, y que fueron entregados por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) al Grupo Cemex Colombia, con un canon de arrendamiento mensual de un millón de pesos.
Los predios, que tal como lo había dicho EL TIEMPO en mayo pasado, aparecen a nombre de la compañía C. I. Calizas y Minerales S. A., están en proceso de extinción de dominio, dentro de una investigación de la Fiscalía por un megafraude a la Dian. De hecho, al momento de ser asesinado, Moncada tenía tres condenas por su responsabilidad en irregularidades por cerca de 200.000 millones de pesos.
C. I. Calizas y Minerales ya había estado en el ojo del huracán luego de que la multinacional Cemex retiró a tres de sus altos ejecutivos en Colombia por el millonario negocio de compra de tierras para el desarrollo de una moderna planta de producción de cemento en el oriente antioqueño.
EL TIEMPO publicó en octubre parte de la investigación interna de Cemex, en la cual se hablaba sobre el empleo de testaferros por los encargados para comprar los predios adyacentes a los terrenos que hoy son cuestionados por el organismo de control.
Potencial minero
Para la Contraloría, en el contrato firmado en julio del 2013 que permitió la entrega del bien a Cemex no se determinó si el canon de arrendamiento incluía solo el uso del predio, o si también permitía que se hiciera la explotación económica y desarrollo del contrato de concesión y su título minero. En el informe se advierte que el predio tiene una proyección de explotación de un millón de toneladas de mineral, pero esto no quedó registrado en la valoración del contrato, por lo que la multinacional se podría quedar con esa producción.
“Tampoco se cuantificaron los registros de producción en boca o borde de mina para establecer volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a plantas de beneficio y de trasformación, ya que los minerales, una vez extraídos, son de propiedad del concesionario”, dice el documento de la Contraloría.
Esa falta de claridad en el contrato, dice el organismo de control, “genera incertidumbre en relación a los criterios sobre los cuales se calculó el canon mensual de arrendamiento” y podría implicar un daño fiscal, debido a los recursos que dejará de percibir el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), por la explotación de ese inmueble.
Otros hallazgos
En la auditoría realizada por la Contraloría y entregada a la SAE se encontró que esa entidad desconoce las sumas de dinero en efectivo que se hallan bajo su administración.
“No se llevan de manera adecuada los registros de constitución de depósitos de las sumas incautadas, de manera que algunos de ellos figuran por sumas inferiores a las que en efecto custodia el Banco de la República”, dice la auditoría.
Es el caso de un giro entregado al Emisor el 15 de diciembre del 2014 para su monetización. Según el oficio de la SAE, se entregaron al banco 8,2 millones de dólares, pero en este aparece un giro por 8,5 millones.
También se halló que en el caso de la Sociedad Serfinanco, incautada en 1996, esa empresa no aparecía en el inventario entregado por la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a la SAE, por lo que no se encontraron informes sobre la administración de esa firma ni del destino de 99 títulos valores por 2.193 millones de pesos recibidos por la Fiscalía durante la ocupación.
SAE controla el 90 % del inventario
Mauricio Solórzano, vicepresidente jurídico de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), afirmó que la entidad implementó un sistema automatizado “que permite la asignación objetiva y aleatoria de los activos a nuevos depositarios”.
De igual forma retomó 2.105 bienes y asignó más de 4.000 a nuevos depositarios que cumplieron los estándares de seguimiento para la administración de estos. Además, dice, la entidad tiene el control del 90 por ciento del inventario que administra desde 2014, y que renovó la lista de depositarios a través de tres convocatorias públicas, “en las que se establecieron como requisitos fundamentales las condiciones de experiencia, idoneidad y capacidad de quienes pasarían a integrar el nuevo registro de depositarios provisionales”.
“Es posible afirmar que a pesar de las graves deficiencias evidenciadas en la administración de activos que llevó a cabo la DNE y que hoy repercuten en la percepción de la gestión de la Sociedad y, por tanto, en los hallazgos realizados por la Contraloría, SAE ha implementado en estos dos años estrategias encaminadas a superar el rezago administrativo encontrado y a lograr la administración eficiente de los activos (...)”.
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