El Gobierno de Estados Unidos, durante los últimos días de la administración de Barack Obama, encontró que Colombia incumple compromisos laborales adquiridos como condición para que se aprobara el tratado de libre comercio (TLC).

Por ese motivo, la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (Otla) del Departamento de Trabajo pidió al secretario de Trabajo iniciar consultas, en nombre del Gobierno de su país, con las autoridades colombianas, en coordinación con el Representante Comercial (USTR) y el Departamento de Estado.

El diálogo con Colombia, para tratar las preocupaciones, se realizará durante los próximos nueve meses, ya en la administración de Donald Trump.

La advertencia sobre los incumplimientos de Colombia la hizo la Otla luego de atender una queja formal presentada en mayo del 2016 por las organizaciones sindicales CUT, USO y Sintrainagro, en asocio con la AFL-CIO, de Estados Unidos, que alegaban los incumplimientos y violaciones del capítulo 17 del TLC, que establece para ambos Estados obligaciones respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva.

Allí se contempla una serie de reformas institucionales para garantizar derechos laborales, la reactivación del Ministerio del Trabajo, el refuerzo de la inspección laboral y mayor agilidad de la Fiscalía para investigar los hechos de violencia antisindical, entre otras medidas.

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De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical (ENS), “la respuesta de la Otla no deja bien parado al Gobierno colombiano, al que, si bien le reconoce algunos avances en materia laboral, da razón a las denuncias concretas formuladas por los sindicatos colombianos en torno al incumplimiento de los compromisos firmados por ambos países en abril del 2011, mejor conocidos como el Plan de Acción Laboral Obama-Santos (PAL)”.

Carlos Julio Díaz, presidente de la ENS, dijo que el pronunciamiento de los Estados Unidos advierte que aún hay deficiencias en la capacidad de inspección y vigilancia del Estado a través del Ministerio del Trabajo, y que no hay la calidad ni una disminución de los casos de impunidad en materia laboral, tanto a nivel de la función de esa cartera como de la justicia.

En el caso de la inspección y vigilancia, se considera que, no obstante el incremento del número de inspectores, que subió de 564 a 819 en los últimos 3 años, su gestión se redujo, puesto que el número de investigaciones bajó de cerca de 6.000 casos abiertos en el 2013 a apenas 3.099 en 2016.

Así mismo, añade la respuesta, persisten las dificultades de los inspectores para viajar a zonas rurales, las demoras en los procesos que adelantan, la alta rotación de personal y la no aplicación de un sistema nacional de gestión de casos.

“Lo que también preocupa es que la violencia contra el sindicalismo, aunque ha disminuido, todavía es un tema que no desaparece, pero lo más grave de esto es que los niveles de impunidad siguen estando por el orden del 95 por ciento, en promedio, lo que muy poco contribuye a una reducción, porque lo más seguro es que si alguien violenta un derecho, no le va a pasar nada”, dijo Díaz.

Otro aspecto que le preocupa al sindicalismo es el de la intermediación laboral, enel que, pese a que hoy las cooperativas no la pueden hacer por norma, han surgido figuras como sociedades por acciones, fundaciones e incluso sindicatos que sí la practican, lo que para ellos es un abuso e ilegalidad en la contratación.

Para el líder sindical, el riesgo de que estos problemas no se corrijan podría llevar a un veto a las importaciones estadounidenses de los productos colombianos, porque el acuerdo está asociado también a las condiciones laborales.

“Con el nuevo gobierno de Trump, que va a generar obstáculos al comercio exterior con la cultura proteccionista que está promoviendo, yo creo que si eso no se corrige, sería un papayazo para que se niegue el ingreso del país a los Estados Unidos”, advirtió Díaz.

Por su parte, Gloria Gaviria, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo, explicó que lo que hace el informe de los Estados Unidos es dar unas recomendaciones, pero no en el marco de una sanción.

“También se dice que se debe trabajar coordinadamente con el Gobierno, a través de los puntos de contacto establecidos, para hacer un plan en relación con las recomendaciones que ellos dan”, afirmó Gaviria, quien reiteró los avances conseguidos, pero a la vez aceptó que hay desafíos importantes que los están ya trabajando.

De igual forma, la funcionaria sostuvo que el informe contempla un plazo de 9 meses, a partir de enero, para hacer y analizar ese plan de trabajo.

Un lapso que para ella es prudente porque, agrega, el Ministerio viene en un trabajo sostenido en relación con mejorar los derechos laborales y adicionar, tanto en la legislación como en la práctica, algunos temas que también les han solicitado la OIT y la Ocde.

“Nosotros tenemos que hacer una reunión con el Gobierno de los Estados Unidos y definir conjuntamente el plan, y ahí seguramente se van a establecer las fechas para hacer el cronograma de acuerdo con los tipos de recomendaciones”, dijo Gaviria.

Y añadió que ese país siempre le ha brindado a Colombia mucha cooperación, asistencia técnica y, en unos términos muy cordiales, trabajan de la mano, al igual que ha sucedido en un proyecto que ejecuta la OIT y se centra en el refuerzo del sistema de inspección y vigilancia, diálogo social y lucha contra la impunidad.

Para Gaviria, la disposición de los EE. UU. sigue intacta, así como la voluntad de trabajar conjuntamente, y no ha sentido ningún cambio o efecto luego de la posesión de Donald Trump como presidente.

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