Una alerta roja contra la falsa información, debido a la utilización política de pacientes y de sus familiares para que firmen las planillas de la revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa Londoño, lanzó este lunes el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales Sánchez.
“Eso es una falta ética. El sector salud, por la convención internacional de Ginebra, es neutral y no puede estar de ningún lado político”, dijo el Secretario.
La operación, explicó, consiste en utilizar información falsa, como que se van a cerrar los servicios de pediatría, ginecoobstetricia o que se va a despedir a los pediatras. Además, las falsas informaciones dicen que se suprimirán otros servicios de salud, lo que –aclaró Morales– no es cierto.
Sobre los servicios de pediatría, que en instituciones privadas sí han sido sellados por sus propietarios, al no ser rentables, la Administración Distrital responde que, al contrario, en el sector público se abrirán cuatro unidades pediátricas con alta especialización (Suba, Tintal, Meissen y La Misericordia), con el fin de quitarles a algunos privados los contratos multimillonarias que se les pagan por sus servicios. Se calcula que son unas 200 camas nuevas para los servicios de niños de Bogotá, la mayoría en los principales puntos neurálgicos donde se necesita mayor atención.
Solo un intermediario privado cobra en Suba más de 250.000 millones de pesos por un servicio que puede prestar el sector público. Se calcula que en Bogotá hay contratadas cerca de 25 entidades privadas, de las cuales la mayoría no se necesitan, dice la Secretaría de Salud.
Lo que se ha podido establecer desde el Distrito es que muchas son fundaciones de garaje o intermediarios que cobran millonarias sumas por subcontratar a otros prestadores, una práctica que esta administración denunció a su llegada (2016).
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Por esta razón, parte de los servicios de pediatría que presta el Simón Bolívar se van a trasladar a Suba, con el fin de mejorar la calidad y concentrar los servicios médicos para los niños y las mujeres, dijo el funcionario.
Según la información oficial, ya se ha logrado atacar el triángulo de la corrupción que opera entre funcionarios, políticos y un tercero privado, que se unen para hacer todo tipo de contrataciones que para nada le convienen al Distrito. Es en este punto donde la Administración Distrital ha pisado varios callos.
“Pero es lamentable que se utilice el sector salud con fines políticos; y más lamentable, reprochable y condenable, que se vayan a una fila de personas que están enfermas a meterles mentiras y luego pedirles que firmen una planilla para revocar al Alcalde. Eso es condenable, y no lo vamos a permitir”, agregó el Secretario.
El funcionario señaló como uno de los principales impulsores de esta situación al secretario de Salud de la administración de Luis Eduardo Garzón, Román Vega Romero, y a otras dos exfuncionarias de la administración del exalcalde Gustavo Petro Urrego.
Las falsas informaciones las están difundiendo, dice, entre usuarios, asociaciones, líderes comunitarios, pacientes y sus familiares. Además, confirmó que para mañana miércoles están convocando un plantón frente al hospital Simón Bolívar, con el fin de provocar un trancón y llamar al Esmad, para posar con el falso argumento de que están allí en defensa de los derechos de los niños y que quieren impedir que se cometa, según ellos, un atropello, advirtió Morales. “Siempre están a la caza de cualquier equivocación para tratar de magnificarlo”.
Según las cifras, el año pasado se entregaron cerca de 900.000 fórmulas y solo se reportaron 1.500 quejas.
“Luego, algunos de ellos salieron a magnificar el tema, con el argumento de que es la violación de un derecho fundamental, que la salud está en crisis, y eso es una manipulación clara. Hay errores, claro, pero es parte de lo que tenemos que superar. Pero de ahí a decir que la salud está en crisis, es falso”, continuó Morales.
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‘No es tema ideológico’
Ante estos señalamientos, Vega Romero, uno de los promotores de la revocatoria de Peñalosa, comoquiera que reconoce que radicaron ante la Registraduría un documento con más de 30 puntos para sacar al mandatario, dijo que no se trata de ninguna guerra ideológica ni de ningún interés político, sino que hay un deterioro de la salud en Bogotá.
Vega afirmó que hay un agravamiento inusitado de la salud en términos del aumento de la mortalidad de niños por infecciones respiratorias en el 2016, que pasó de 27 a más de 60 casos de muertes.
También, que hay una situación crítica en urgencias, que los indicadores son “terribles” y que en términos de ocupación, las cifras pasaron de aceptables a inaceptables. Al respecto, pone como ejemplo el hospital El Tunal, en donde, según cifras que citó de la Defensoría del Pueblo, el hacinamiento pasó a más del 500 por ciento.
En cuanto a la recolección de firmas en los hospitales, el exfuncionario dijo que no es antiético, que es totalmente legítimo asumir los derechos que les dan a los ciudadanos en materia de participación, pues la Ley 1751 del 2015 dice que es completamente válido hacer denuncias de las fallas.
“Se van a recoger firmas dondequiera que haya ciudadanos que cumplan los requisitos que presuponen las leyes. Tal como lo establecen, en particular, la Ley 134 de 1994 y la Ley 1751 del 2015, que señala que toda persona inscrita en el censo electoral de Bogotá puede firmar su apoyo a la revocatoria de cualquier mandato. Nosotros podemos recoger firmas dondequiera que haya ciudadanos que cumplan las circunstancias de la ley”, dice el exfuncionario.
Ante la emergencia sanitaria que hace un año decretó el alcalde Peñalosa, y que este lunes fue levantada, el secretario Luis Gonzalo Morales dijo a EL TIEMPO que se tomaron las medidas que apuntaban a reducir el hacinamiento y que ya se ven los logros: “Lo que podemos decir es que las cifras han demostrado una baja en el hacinamiento. Se avanzó: pasamos del 250 por ciento al 134 por ciento en el último reporte”, finalizó.
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