En tiempos en los que las cifras del erario señalan un único camino, el de la austeridad, cualquier hallazgo sobre desangre continuado y sin justificación en las finanzas públicas adquiere una especial connotación de indignación.
Tal es el caso de la noticia publicada por este diario y que dio cuenta de cómo anualmente el Estado pierde 7.000 millones de pesos por demoras en el pago de las cesantías de los docentes. Es una suma que harto se necesita en tantos otros frentes desatendidos por la Nación debido a carencias presupuestales, incluido el mismo sistema educativo.
Dicho monto debe asumirlo cada año el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por la mora en el desembolso de los dineros que por este concepto debe transferir a los maestros de la nómina oficial; un trámite en el que la tardanza ya es la regla, no la excepción.
Como suele ocurrir, todo parte de un incumplimiento de la norma que rige el proceso administrativo: esta habla de 65 días como plazo máximo entre la solicitud y la entrega efectiva de los recursos a cualquier servidor público, lapso que hoy es letra muerta, a un costo muy alto para los bolsillos de los contribuyentes. Y es que una vez se vence el plazo legal, la misma norma fija que se debe pagar un día de salario por cada día de retraso.
Tiene razón el Consejo de Estado al calificar de prudencial ese plazo en un fallo reciente mediante el cual ordenó al citado Fomag y al Ministerio el pago de 32 millones a un maestro por una demora de 503 días en la entrega de sus cesantías. En su providencia, el tribunal también llama la atención por lo reiterativo de estas demoras y pide que los distintos entes investiguen si detrás de este proceder, cuando menos negligente, existen otros propósitos. Que la Fiscalía y los organismos de control establezcan a la mayor brevedad si estamos ante un capítulo más de una antología ya conocida, llena de episodios de inescrupulosos que encuentran aliados en el Estado para exprimir sus arcas.
Por lo pronto, hay que hacer un llamado a las entidades de las que depende que las cesantías lleguen a tiempo a los bolsillos de los educadores. Esto es: al ministerio del ramo, pero sobre todo a las secretarías de Educación, al Fomag y a Fiduprevisora para que afinen dicho proceso. Lo último que se espera es que entre todas se tiren la pelota y se laven las manos. Se requiere voluntad de coordinación, así como para detectar las fallas, a fin de tomar correctivos. Son muchas las quejas por eternas dilaciones por causa de tal o cual papel que faltó y que es necesario volver a solicitar. Aquí, los funcionarios a cargo deben saber que así no exista dolo, la sola ineficiencia, más cuando resulta tan costosa, es una falta grave.
No sobra, entonces, el llamado a que se aclare ya si lo que hay detrás de esta anomalía es solo un cuadro de patológica ineficiencia o si hay algún tipo de organización con perversos fines. Y pase lo que pase en el terreno penal y disciplinario, urge una inversión en la tecnología que haga falta para sistematizar los trámites y garantizar que esta vena rota se cauterice y, más importante, que los maestros reciban a tiempo un dinero que les pertenece y es fruto de años de esmerada labor.
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