Aunque la regulación financiera del país goza de prestigio a nivel internacional por su rigidez, esta ha impedido que el crédito llegue a más personas (profundización financiera) y que las entidades hayan dejado de percibir un equivalente de 6,8 por ciento de sus ingresos totales.
Este no ha sido un fenómeno particular de Colombia sino también en algunos países de Latinoamérica, según un análisis elaborado por el centro de estudios Anif para la Federación Latinoamericana de Bancos (Felabán) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
En dicho análisis se identifican y cuantifican los costos en los que incurre el sector bancario de Colombia, Perú, Panamá y El Salvador al acoplarse a sus respectivos marcos regulatorios.
Según el documento, “la ausencia de un adecuado análisis costo-beneficio ha conllevado una ‘inflación regulatoria’ sobre el sector bancario, la cual afecta negativamente el proceso de inclusión financiera regional, y los sobrecostos regulatorios drenan recursos de inversión en servicios financieros”.
Temas como los topes a la tasa de usura, las normas sobre capital y liquidez de Basilea, las Normas Internacionales de Información Financiera, el habeas data y el cuatro por 1.000 les han complicado más la vida a las entidades en Colombia, indica la Anif.
Por todas estas normas, las entidades habrían dejado de percibir un equivalente de 6,8 por ciento de sus ingresos, al igual que una pérdida de rentabilidad sobre activos y patrimonio.
Si se hubiese eliminado el tope a la usura para la modalidad de consumo, la cartera en ese segmento podría haber aumentado 20 por ciento adicional en promedio entre el 2014 y el 2016, elevando 2,3 por ciento más los ingresos para la banca en ese mismo lapso.
Más aún, esto representaría que las personas que son rechazadas por su elevado riesgo o quienes recurren al crédito informal podrían acceder al sistema financiero formal.
(También: Cinco razones que frenan la demanda de productos financieros)
En El Salvador, otro país con topes de tasa, el costo de oportunidad es casi 10 veces superior, pues la cartera podría haber crecido 30 por ciento más.
El estudio señala que el cuatro por 1.000 ha afectado la intermediación financiera, pues desincentiva el uso de mecanismos de ahorro que ofrecen las entidades y estimula el uso del efectivo.
En ese sentido, se calcula que entre 1999 y 2015, las entidades dejaron de percibir, en promedio, el equivalente al 1,8 por ciento de sus ingresos.
De igual manera, establece que la profundización financiera habría crecido más rápidamente y estaría tres puntos por encima del nivel actual, que es de 43,9 por ciento del PIB. Al hacer la comparación del impacto de Basilea, Perú y Panamá son los más afectados, mientras que la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera le salió más costosa a Colombia que a sus pares en la región.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS