No fue fácil llegar al final de las negociaciones con las Farc, y quienes hemos creído en la solución política del conflicto nos alegramos de que este gobierno lo haya logrado. Pero en el largo trecho que queda por recorrer, no se deben dar argumentos a una oposición empeñada en demostrar los abusos del Gobierno para conseguir sus propósitos. Por eso se debe cuidar el uso de las facultades otorgadas al Presidente.
No se acababan de aprobar las primeras leyes indispensables para la desmovilización, mediante el procedimiento abreviado, cuando se les ocurrió a las ministras de Educación y del Trabajo la idea peregrina de meter por este mecanismo el Sistema de Educación Terciaria que está en el Plan de Desarrollo, pero no en los acuerdos de La Habana. Y con el ‘mico’, orangután o gorila se ha alborotado la comunidad académica: asociaciones de instituciones universitarias, academias científicas, la Universidad Nacional, el representante de los profesores en el Cesu y las agremiaciones de estudiantes de educación superior.
En las comunicaciones, que incluyen mensajes al Presidente, renuncias y comunicados de prensa, se destacan tres objeciones de forma, que podrían resumirse así:
No debe usarse el fast track para legislar por decreto en materias que no hacen parte de los acuerdos, y pretender que el desarrollo rural y la paz dependen de una reforma de la educación superior parece bastante forzado.
Durante dos años se han tenido reuniones con rectores y representantes de las instituciones de educación superior, pero de allí no se desprende que haya claridad ni consenso sobre el propósito y los mecanismos de implementación de las propuestas del Gobierno.
Organismos creados por ley, como el Cesu (Consejo Nacional de Educación Superior), no han sido consultados, omitiendo un procedimiento que le da legitimidad al desarrollo de las políticas públicas del sector.
De ñapa, no se sabe qué pitos toca la firma de la Ministra del Trabajo en una reforma de la educación superior que está en la órbita exclusiva del Ministerio de Educación.
Pero si los aspectos de forma son impresentables y suficientes para claudicar de la idea, peores aún son los de fondo. Basta leer los primeros seis u ocho párrafos de los considerandos para asombrarse de la rara capacidad de raciocinio de quienes los redactaron... prefiero no usar calificativos.
Lo que se necesita para el desarrollo rural y la búsqueda de la equidad no es reformar la educación superior, sino hacer bien hecho lo que ya las leyes dicen que hay que hacer. Lo que es inaplazable es mejorar de verdad la educación básica y media en el sector rural, para lo cual no se necesita más legislación sino mejor gestión, más recursos y mayor flexibilidad y pertinencia en los diseños curriculares. Eso sí está en los acuerdos firmados.
Durante décadas, el Sena ha desarrollado programas de transferencia de tecnología en el sector rural y ha sido una entidad insustituible en la formación técnica y humana de los campesinos de todo el país, sin necesidad de ser asimilada al sistema de educación superior, lo cual es posible que le haga más mal que bien. ¿Por qué no aprovechar tantos años de experiencia haciendo cada vez mejor lo que ya se ha demostrado que se hace bien?
Tratar de convertir el Sena en una semiuniversidad ha sido un capricho que responde más a necesidades estadísticas –cobertura de educación superior todavía muy precaria– que a criterios de calidad. Es claro que haberle otorgado centenares de registros calificados, por una especie de fast track, sin aplicar los rigurosos criterios que el Ministerio de Educación exige a las demás instituciones no garantiza que la calidad haya mejorado.
Avanzar en la idea de un sistema de educación terciaria es importante y vale la pena, pero hacerlo a la brava no asegura el éxito ni garantiza la consolidación de la paz.
Francisco Cajiao
fcajiao11@gmail.com