El parlamento israelí aprobó este lunes una controvertida ley que legaliza decenas de colonias judías no autorizadas, pero construidas en territorios privados en Cisjordania ocupada.
La ley, aprobada por 60 miembros del parlamento contra 52, pasó en la tercera y final lectura luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que había informado a la administración estadounidense sobre el asunto.
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) reaccionó en un comunicado e indicó que la nueva ley significa “legalizar el robo” de la tierra palestina y que “el Gobierno israelí quiere destruir cualquier posibilidad de solución política” del conflicto.
Todas las colonias son ilegales según el derecho internacional. Pero Israel legitima la colonización y distingue entre los asentamientos en territorio ocupado que las autoridades han validado y los otros, considerados “salvajes”, como la colonia de Amoná, que empezó ya a ser desmantelada por orden judicial.
(Le puede interesar: La colonización israelí, bajo el nuevo efecto Trump)
Israel podrá declarar tierra estatal las propiedades y negar a los dueños palestinos el derecho de uso hasta que se alcance un acuerdo. A cambio, los propietarios serán recompensados económicamente.
En su edición de este lunes, el editorial del influyente diario Haaretz atacó duramente a Netanyahu y a la ley, que a la postre fue aprobada: “Netanyahu sabe que esta ley es inmoral, inconstitucional y va a causar seguramente un grave daño internacional a Israel (...). Pero si Netanyahu ha demostrado alguna cosa en sus largos años al frente de la conducción del Estado, es que si tiene que elegir entre el bien del país y su supervivencia política, el país irá siempre en segundo lugar”.
La aprobación de la ley que permite a Israel apropiarse de cientos de hectáreas de tierras palestinas en Cisjordania ocupada se dio pese a la preocupación mostrada por la ONU e incluso por la administración Trump. La ley, advierten los detractores, supondría un paso más hacia la anexión, al menos parcial, de Cisjordania, la cual reclaman abiertamente algunos ministros, como el titular de Educación, Naftali Bennett.
Quienes apoyan el texto sostienen que este permitiría a los colonos vivir sin el temor permanente a la expulsión. También invocan el derecho a construir en tierras que forman parte, en su opinión, del Israel bíblico y critican la negativa de los palestinos a buscar la paz. Mientras, organizaciones de izquierda interponen demandas en contra ante la justicia israelí.
(Además: Israel aprueba construcción de 2.500 viviendas en Cisjordania)
La ley implicaría la legalización de unas 3.800 viviendas israelíes en unas 53 colonias ‘salvajes’ y otras reconocidas. En total serían expropiadas unas 800 hectáreas de tierras palestinas, según la ONG La Paz Ahora.
“Si se adopta, la ley convertiría a los ciudadanos israelíes en ladrones y supondría una mancha en los libros legales de Israel”, sostiene la organización. La comunidad internacional también ha dado su voz de alarma. El coordinador especial de la ONU para la Paz, Nikolay Mladenov, ha mostrado su inquietud ante un texto que podría “reducir enormemente las perspectivas de paz”, a día de hoy inalcanzable.
En diciembre, el Departamento de Estado estadounidense mostró sus reservas ante un “avance espectacular de la colonización, lo cual ya amenaza considerablemente las perspectivas de una solución de dos Estados”.
La llegada de Trump, un mandatario presumiblemente más favorable a la colonización, a la Casa Blanca animó al gobierno de Netanyahu a aprobar unas 6.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas. Sin embargo, la nueva administración salió el jueves de su silencio para frenar el entusiasmo de Netanyahu, alertando que la colonización “podría no ayudar a alcanzar” la paz.
El primer ministro israelí trató de retrasar el debate de la ley para coordinarse con Washington, pero Bennett y Hogar Judío amenazaron con abandonar la coalición gubernamental si no se avanzaba en la propuesta. En cualquier caso, el futuro del texto es incierto: Adalah, ONG propalestina, ha advertido que recurrirá al tribunal supremo israelí para paralizarla, y el mismo fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, opina que podría ser anticonstitucional y expondría a Israel a acciones judiciales internacionales por crímenes de guerra.
(Lea también: Unión Europea advierte por abandono de los barrios árabes de Jerusalén)
AFP y EFE
