Si alguna vez ha sentido usted un deseo casi irresistible de arrollar con su automóvil a un grupo de manifestantes que le impiden el paso, quizá debería empacar sus maletas y mudarse a vivir en Dakota del Norte. Otra opción sería relajarse y pensar por qué los ciudadanos salen a las calles a manifestar su opinión.
Empecemos por explorar la primera alternativa. Desde hace aproximadamente un mes, la legislatura de Dakota del Norte elabora un proyecto de ley que eximiría de responsabilidad legal a los conductores de vehículos que atropellen a los manifestantes que estorban el paso. Aunque el autor del proyecto de ley, el representante a la Asamblea Estatal Keith Kempenich, afiliado al Partido Republicano, indica que la ley no justificaría un atropellamiento “intencional”. También explicó que su iniciativa es una respuesta directa al bloqueo de carreteras que algunos de sus familiares sufrieron cuando un grupo de representantes de tribus indígenas, ambientalistas y simpatizantes de la causa acamparon en las inmediaciones del oleoducto que trasladaría petróleo de la frontera con Canadá hasta el golfo de México para impedir su construcción. Según Kempenich, el proyecto de ley reconoce el derecho de cualquier manifestante a expresar su opinión, pero intenta imponerle límites al espacio en el que se desarrolla. Si los manifestantes bajan de la acera y ocupan una calle, o invaden la calzada de una carretera, dice, cancelan sus derechos y se convierten en “terroristas”.
Reconozco que las protestas callejeras incomodan a una buena parte de la ciudadanía. En Colombia, por ejemplo, las manifestaciones antitaurinas han creado momentos de tensión entre quienes se oponen a las corridas de toros y quienes defienden su derecho a asistir a ellas. En Panamá se han cerrado carreteras para exigir al Gobierno que pare las importaciones de productos agropecuarios. En México no cesan las marchas para exigir el esclarecimiento de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes. En Estados Unidos, cada nueva orden ejecutiva del presidente Trump provoca justificadas marchas y protestas públicas.
Para la gente que no tiene acceso a los grupos que ostentan el poder económico y político, no hay otra línea de defensa que la protesta pública. Y la pregunta clave es si la comprensible molestia ciudadana justificaría restringir la libertad de expresión de los ciudadanos. Las autoridades tienen la facultad de poner ciertos límites respecto al lugar, la hora y la manera en la que se conduce una protesta en lugares públicos, pero no para censurar el motivo de la marcha ni para impedir protestas que reaccionan de manera inmediata a las noticias del día.
La semana pasada, en la Universidad de California en Berkeley sucedieron dos incidentes bochornosos. Un grupo de estudiantes intolerantes impidieron la presentación de un provocador de ultraderecha en el campus, olvidando que por más controvertido que sea el discurso de una persona, la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más tarde, la protesta degeneró en un disturbio en el que un puñado de agitadores anarquistas causaron destrozos en la universidad y en la ciudad. Espero que la policía identifique a los bárbaros y los castigue conforme a la ley. Pero espero también que el legislador de Dakota relea la primera enmienda de la Constitución, que prohíbe la creación de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión.
En lo que a usted concierne, por favor, le pido que la próxima vez que se tope con una manifestación de protesta piense que sus conciudadanos están ejerciendo su derecho a expresarse libremente, y que usted encuentre una vía alternativa para seguir su camino.
Sergio Muñoz Bata
