Los partidarios de la independencia de Cataluña convirtieron este lunes en un acto de apoyo a sus reivindicaciones el juicio contra el expresidente catalán Artur Mas, por facilitar una consulta soberanista en 2014 contra el criterio del Tribunal Constitucional español.
Este juicio se produce en un momento en que el debate por la pretensión secesionista del Gobierno catalán se recrudece en España ante la posibilidad de adelantar un nuevo referéndum, anunciado para antes del próximo mes de septiembre por el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, correligionario de Mas.
Artur Mas, junto a dos miembros de su Gobierno de entonces, las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, son juzgados desde este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un presunto delito de prevaricación y desobediencia grave por permitir la citada consulta de 2014.
Los tres estuvieron acompañados en su llegada al tribunal por Carles Puigdemont, la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell y cientos de cargos políticos de Junts pel Sí -coalición independentista que apoya al Gobierno- en una muestra de apoyo personal y al proceso independentista que defienden. "Hoy muchos nos sentimos juzgados", afirmó este lunes Puigdemont en una declaración institucional en la sede el Gobierno regional, junto a los tres acusados, antes de que éstos se dirigieran al Palacio de Justicia de Barcelona para el juicio.
Allí estuvieron arropados por miles de personas convocadas por organizaciones pro independencia, que les expresaron su apoyo con gritos de "Ni un paso atrás", "No estáis solos" o "Independencia", en medio de banderas separatistas y carteles con lemas como "Las urnas no se juzgan" o "Votar es democracia".
Ante esta manifestación, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que los organizadores "quieren transmitir a la ciudadanía que se trata de un juicio político. Pero no lo es. Simplemente van a declarar con todas las garantías porque han incumplido una norma".
El 9 de noviembre de 2014 el ejecutivo de Artur Mas permitió una consulta sobre la independencia de Cataluña, tal como se había comprometido con sus socios de gobierno, ERC (republicanos independentistas), en la que participaron 2,3 millones de personas, de un censo de 5,4 millones.
Después de que el Tribunal Constitucional anulara la convocatoria del anunciado referéndum, tras ser denunciada por el Gobierno español, voluntarios de la sociedad civil catalana organizaron una llamada consulta alternativa sobre la misma cuestión, apoyada por el ejecutivo catalán.
Esta consulta también fue anulada por el Constitucional y por ello ahora se celebra el juicio. La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, penas que la acusación popular pide elevar a 12 años y que, en ambos casos, impediría a los procesados ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de condena.
Ante el tribunal, Mas asumió este lunes la "iniciativa política" de la consulta de 2014 al considerar que era un mandato del Parlamento catalán, pero negó que su Gobierno tuviera "ánimo de desobedecer" al Tribunal Constitucional, cuando mantuvo la consulta pese a la suspensión decretada por dicho tribunal.
Recordó que los responsables de la consulta fueron voluntarios de la sociedad civil, y que su Gobierno les dio "apoyo".
El juicio contra Mas y sus dos exconsejeras es una de las actuaciones de la justicia contra las autoridades catalanas por poner impulsar lo que ellos llaman el "proceso" para la independencia. También está en marcha una investigación por parte de la Fiscalía a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber permitido que la Cámara aprobara una serie de resoluciones a favor de la independencia.
Tras la consulta fallida de 2014 se convocaron elecciones anticipadas en Cataluña, que ganó la coalición llamada Junts pel Sí (Juntos por el sí), con políticos que van desde el centroderecha a la izquierda y con un punto principal en su programa: la celebración de un referéndum sobre la independencia, que el actual presidente Puigdemont anunció para el mes de septiembre de 2017 como fecha límite.
A raíz de las actuaciones judiciales, los partidarios de la independencia han planteado impulsar el proceso y adelantar en unos meses el referéndum previsto.
Barcelona (España) (EFE)