Una dura batalla jurídica están dando habitantes de Cumaral para evitar que el proyecto petrolero Llano 69 se siga desarrollando en su municipio, a través de una acción popular y una consulta popular.
Ya tuvieron el primer el primer revés. La acción popular presentada el 17 de agosto del año pasado ante el Tribunal Administrativo del Meta fue inadmitida el pasado 20 de enero por la magistrada Teresa Herrera Andrade.
En está demanda insistirán y, además, en diciembre pasado pidieron al mismo Tribunal que avale la consulta popular para la que recogieron 1.905 firmas que con el respaldo del alcalde fue aprobada por la mayoría del Concejo.
Con la acción popular argumentada por el abogado Luis Arturo Ramírez piden que se protejan los derechos de los cumaraleños a gozar de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al interés comunitario y la preservación del medio ambiente.
Expresan que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la empresa Mansarovar Energy Colombia celebraron el contrato 009 de 2012 para la explotación y producción de hidrocarburos el cual se desarrolla en un área de 22.650 hectáreas entre los municipios de Cumaral (Meta) y Medina (Cundinamarca).
En desarrollo de ese proyecto ya se han puesto en marcha actividades de sísmica 3D que, dice la demanda, afectan los recursos hídricos de la región, las reservas forestales aledañas y dan un uso indebido al suelo.
Además, están desconociendo la destinación y el ordenamiento territorial y las labores sísmicas han repercutido en las veredas Yarí, San Antonio, Chepero, Guacavia y Caney Medio.
Esas labores se hace en terrenos geológicamente inestables, sin los estudios pertinentes y poniendo en riesgo la estructura del terreno y generando un posible desastre natural. Por ello pide la suspensión de ese proyecto petrolero.
La magistrada Teresa Herrera Andrade señala que en los documentos aportados por los demandantes no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable.
Tampoco se evidencia que la exploración adelantada por Mansarovar esté generando alguna alternación específica en los ecosistemas y que los proyectos desconozcan las normas ambientales, como tampoco se evidencia un riesgo social. Por ello inadmitió la demanda y le dio diez días al accionante para que corrija los yerros.
Insisten
El abogado Arturo Ramírez el pasado viertes presentó el escrito en el que sustenta que en las acciones populares las pruebas científicas no las pueden exigir al demandante.
Además, le reclama a la magistrada María Teresa Herrera Andrade por tardarse más de cinco meses en pronunciarse sobre la demanda, cuando debe hacerlo en máximo diez días hábiles.
La magistrada ha señalado que tiene un voluminoso cúmulo de expedientes, incluidas tutelas y acciones populares en su despacho que el impiden resolver los procesos en los términos que establece la Ley.
A su vez, la señora Carolina Orduz, habitante de Cumaral, sostiene que están en resistencia civil en defensa del agua, porque no están de acuerdo que cambie vocación agro turística y ganadera de su municipio.
Además, dijo que han estado recogiendo fondos para alistar la campaña “en favor de la candidata que es el agua, en el entendido que esto no tiene color político y que queremos defender el territorio frente a las generaciones que vienen”.
Con la consulta popular buscan preguntarle a los ciudadanos cumaraleños si están o no de acuerdo con que en su municipio se realice extracción de recursos no renovables.
LLANO SIE7EDÍAS
@nelard1