Más de 600 millones de pesos cada mes –7.000 millones cada año– es lo que debe desembolsar el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por concepto de mora en la entrega de cesantías a los docentes oficiales del país.
A pesar de que la norma indica que el plazo máximo entre la solicitud de las cesantías por parte de los maestros y el desembolso del dinero es de 65 días, ese proceso realmente tarda, en muchos casos, un año y medio, como señala Luis Alberto Grubert, el saliente presidente de Fecode. Incluso supera los dos años, como le pasó a Grubert, a quien las cesantías se le demoraron 27 meses.
En un proceso contra el Fomag y el Ministerio de Educación, el Consejo de Estado le ordenó a esas entidades que le paguen a un maestro de Pereira la suma 32 millones de pesos por los 503 días que se demoró el pago de sus cesantías, ya que por ley se debe pagar un día de salario por cada día de retraso.
Además, pidió a la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que investiguen y sancionen las posibles faltas disciplinarias, de detrimento patrimonial, fiscal y penales en las que habrían incurrido funcionarios del Mineducación, el Fomag y la Secretaría de Educación de Pereira en este proceso en particular y en los miles de casos similares que terminan con condenas millonarias contra el Estado.
Según Grubert, en la actualidad hay 31.000 sanciones moratorias que están en trámite de ser pagadas. Mientras que juzgados, tribunales y cortes están estudiando otras 70.000 demandas por el mismo tema.
(También: Más del 35 % de retiros de cesantías se hizo por desempleo)
Grubert coincide con el Consejo de Estado al afirmar que en esta problemática hay responsabilidades compartidas. “Una parte es de las secretarías de Educación donde se deben llevar a cabo los trámites administrativos y también de la Fiduprevisora, que hace el desembolso”, sostiene el expresidente de Fecode.
El Consejo de Estado, por su parte, dice que las condenas contra las instituciones son “reiterativas e innumerables” algo que se refleja en los desembolsos millonarios que tiene que hacer el Estado para indemnizar a los profesores.
El valor por maestro termina siendo casi siempre de entre 14 y 22 millones de pesos, según datos del sindicato. Un dinero nada despreciable si se tiene en cuenta que cada mes entre 4.000 y 6.000 docentes pasan una solicitud para el reconocimiento de sus cesantías parciales o totales.
El fallo del alto tribunal, con ponencia del magistrado William Hernández, insiste en que el plazo que está establecido por ley para realizar el proceso administrativo es prudencial por lo que no hay justificaciones para los retrasos.
“El legislador le dio un término a la entidad (Secretaría de Educación) para expedir el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías.
Y agrega: “Si la entidad competente para expedir el acto administrativo sobrepasa el término, por culpa de la entidad y no del solicitante, no es procedente inferir que el término de la sanción moratoria empieza a contarse desde la firmeza del acto administrativo expedido tardíamente”, señala el fallo.
Ante los cuestionamientos, la Fiduprevisora respondió que su función no es la de elaborar los actos administrativos, sino únicamente administrar los recursos. Enfatiza en que las secretarías de Educación no tienen protocolos claros para llevar a cabo los procedimientos por lo que terminan sobrepasando los tiempos establecidos.
En todo caso, la aprobación del pago de cesantías debe pasar tanto por las secretarías de Educación como por el Fomag, por lo que muchas solicitudes deben ser trasladadas a Bogotá.
Para darle solución al problema, el fondo anunció que en el 2017 abrirá Centros de Atención al Usuario en varias regiones del país, con lo que espera restarle tiempo al proceso. Así mismo implementará cambios a nivel tecnológico como el uso de firmas digitales que permitan la aprobación de las órdenes de pago de manera más ágil.
VALENTINA OBANDO JARAMILLO
Redacción Justicia