Es muy buena noticia que miles de guerrilleros rasos de las Farc se estén concentrando en las zonas donde, si se cumple el cronograma del acuerdo de La Habana, abandonarán pronto sus armas bajo supervisión de la ONU. Que el país se haya acostumbrado a la desaparición de ataques armados de esa organización guerrillera no debe llevar a la gente a olvidar la importancia de este logro.
Lástima que no todas las noticias sean tan positivas. En el lado oscuro de la luna de miel del proceso asoma la mamadera de gallo de las Farc para entregar a las decenas de menores de edad que mantenían en sus filas, en violación de los más elementales derechos humanos. El reclamo del jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, a las Farc por este delicado asunto, aunque válido, resulta tardío a ojos de la opinión.
Otra sombra inquietante tiene que ver con los cultivos de coca. En los años que duró la mesa cubana, y tras la suspensión de la aspersión aérea, se multiplicaron: las cifras más recientes los tasan en más de 200.000 hectáreas. Semejante mar de coca ha impulsado la violencia en esas zonas y ha disparado el delito en las ciudades. Excombatientes de todos los pelambres conforman hoy bandas criminales que se disputan, a sangre y fuego y con los bolsillos llenos, corredores de exportación y el control de un microtráfico alimentado por la gigantesca cantidad de cocaína en el mercado.
Solo la terca ingenuidad del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, lo lleva a insistir, contra las cifras del propio Gobierno, en que el consumo de cocaína está en descenso en el país. Cosa muy distinta piensan los alcaldes que viven a diario el sacudón del crimen en sus urbes, donde, para colmo de males, el aumento del consumo se está dando sobre todo entre los más jóvenes.
Muchos jefes medios de las Farc, en proceso de desmovilización, así como supuestos disidentes, están tanqueando sus arcas con esto, sea porque quieren dejar la guerra bien popochos o porque integran ya nuevas y briosas bandas criminales. No solo el dinero los alienta. Como lo ha advertido de modo oportuno el fiscal general, Néstor H. Martínez, hay un veneno en el proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz que el Ejecutivo llevó al Congreso.
El narcotráfico es un delito que muchos en las Farc cometían antes de la entrada en vigor de los acuerdos, el 1.° de diciembre, y siguen cometiendo después. ¿Por qué no lo dejan? Porque, según el proyecto, en el campo de los delitos continuados, no importa si esos delincuentes continúan en ellos: pase lo que pase, su juzgamiento seguirá en cabeza de la JEP, con todos los privilegios, incluido el de no pagar cárcel si lo confiesan. Trafico cocaína ahora, confieso después, piensan mientras cuentan los millones.
Tamaño despropósito es defendido por el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, quién sabe por qué: hay rumores de un pacto secreto y por fuera de la mesa, entre el Gobierno y las Farc, para darles tiempo a quienes andan en eso, de dejarlo... Si un día lo dejan, será con los bolsillos a reventar.
Y no es solo la cocaína. Como lo advirtió la Fiscalía en un documento que recibió el respaldo de decenas de congresistas –pero no del Mininterior–, “si miembros o auxiliadores de las Farc-EP continúan cometiendo delitos como el secuestro, el lavado de activos, el testaferrato, el enriquecimiento ilícito o la conservación de plantaciones ilícitas (según el texto del proyecto), la Fiscalía no podría conocer de estos y sus autores conservarían ‘ad infinitum’ el régimen de privilegios de la JEP”. Sigan en el negocio, maestros, que luego se les perdona es el mensaje que les manda el Gobierno. Habrá que tomar nota de cada congresista que vote a favor de semejante patente de corso.
MAURICIO VARGAS
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