Más de una vez se ha dicho que los retos de la implementación del acuerdo de paz con las Farc son de igual e incluso superior calado a los superados durante la negociación.
Es una sentencia que ha recobrado vigencia por estos días, cuando está por concluir el proceso de concentración de los miembros de esa guerrilla en las 19 zonas veredales y los 7 puntos transitorios para iniciar la recta final de su reintegración a la sociedad y que incluye, por supuesto, la dejación de armas. Según fuentes oficiales, se espera que sean alrededor de 6.200 los combatientes que arriben a estos territorios. En el momento de escribirse estas líneas, faltaban unos 1.200 por terminar su desplazamiento.
Y es que junto a las postales, históricas, impactantes, de las marchas de miles de guerrilleros rumbo al escenario donde silenciarán sus fusiles para apostarle a la civilidad de la mano del Estado y los programas acordados en Cuba, han circulado también otras, más amargas, que dan cuenta de tales desafíos, como aquellas que muestran trabajos de adecuación de la infraestructura de los campamentos aún sin terminar. Suelen venir estas acompañadas de reclamos de los guerrilleros, como ocurrió el viernes con el bloque ‘Martín Caballero’, que, a través de un vocero, aseguró que el punto transitorio ubicado en la vereda Pondores no cuenta con las condiciones mínimas para establecerse allí.
De igual forma, no han faltado las alarmas, comenzando por las lanzadas por el mismo Fiscal General de la Nación, sobre una preocupante tendencia de otros grupos criminales a hacer presencia en los territorios que han abandonado los frentes de las Farc, para asumir ellos las actividades ilícitas que nutrían las finanzas subversivas, así como para ejercer control territorial.
No faltan tampoco los reportes de zonas en donde reina la incertidumbre entre la población por el abrupto arribo de otros grupos armados ilegales que llegan a intimidar a la gente para garantizar el control social, valiéndose de prácticas delictivas como la extorsión y el asesinato. Frecuentes también han sido las noticias acerca de disputas entre bandas por lograr el control de áreas y rutas para el narcotráfico, con el saldo de sangre que este tipo de confrontaciones suelen dejar.
Sobre lo primero, hay que decir con total claridad que el Ejecutivo tiene el deber de iniciar con pie derecho su misión de cumplir con todo lo necesario en temas de contratación, logísticos, de infraestructura, para que la construcción de la paz siga avanzando. La provisión oportuna y sin contratiempos de bienes y servicios básicos a los excombatientes, desde los subsidios pactados hasta los programas de capacitación, pasando por el ingreso al sistema de salud, es igualmente crucial. Sería, en este orden de ideas, incomprensible que habiendo hecho lo más complejo de la tarea, la negociación en la isla, eventuales incumplimientos en asuntos de carácter administrativo y no político trajeran un clima de incertidumbre que para nada ayudaría a que esta etapa del proceso adquiera velocidad de crucero.
Mucho más demandante para la institucionalidad es el reto de no permitir que otros actores al margen de la ley sustituyan a las Farc. Del grado de éxito del Estado colombiano en esta misión dependerá que la dejación de armas de los hombres de ‘Timochenko’ sea el pilar de una paz estable y duradera, como tanto se ha reiterado, y no –claro que existe el riesgo– de un simple relevo en el papel de principal antagonista armado de un Estado por varias décadas desafiado en su misión de ser el único regulador del orden social en la totalidad del territorio nacional.
Nadie dijo, insistimos, que este tramo del camino hacia la anhelada paz fuera a estar exento de obstáculos y desafíos. Una lista de trabas de la que también hacen parte los episodios de disidencia, por no mencionar otros frentes como el del desminado y los 52 millones de metros cuadrados en los que se encuentran sembrados tales artefactos.
Porque no se puede olvidar, de ninguna manera, que la responsabilidad es compartida. Desde su cúpula hasta el combatiente raso, las Farc deben honrar los compromisos firmados en el acuerdo, comenzando por la entrega de los menores en sus filas y de las propias armas, además de su tarea ineludible en la erradicación de cultivos de coca. En fin, deben ceñirse al pie de la letra al pacto firmado en el teatro Colón.
Dicho todo lo anterior, el llamado es a que aprieten la rienda todos los funcionarios que tienen en sus manos garantizar el óptimo funcionamiento del engranaje institucional del cual depende esta fase de la construcción de paz. Desde los responsables de los baños y las carpas hasta quienes deben asegurarse de que la Fuerza Pública, los jueces, pero también los maestros y los médicos, sean una barrera efectiva para quienes anhelan sustituir a las Farc en las que fueran sus zonas de predominio histórico. De lograr esto, la paz asomará en el horizonte.
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