No es la primera vez que la Corte Constitucional deja en manos del Congreso decisiones que dividen a los ciudadanos.
Aunque algunos sectores consideran que es el camino correcto, pues hay situaciones en las que el Congreso, como máximo representante del pueblo, es el que debería llegar a consensos entre la ciudadanía para tramitar las leyes, otros creen que este tipo de medidas de la Corte son tibias y terminan alargando decisiones en las que generalmente hay polarización.
Los antecedentes muestran que no obstante los exhortos de la Corte, en la mayoría de casos el Congreso no hace la tarea.
Uno de los casos más recordados fue el del matrimonio gay. En junio del 2011, la Corte Constitucional dijo que las parejas gais también constituían familia, y le dio al Congreso un plazo de dos años para regular esas uniones solemnes. Pero el Legislativo no lo hizo, se terminó el plazo y en el 2013 las parejas gais comenzaron a acudir ante notarios para formalizar su unión. Como seis de esas uniones fueron demandadas, el tema volvió a un segundo round en la Corte, que el año pasado terminó definiendo que esas uniones en realidad son un matrimonio. Así, desde abril del año pasado los gais pueden casarse en el país.
La Corte también le dio al Congreso en 1997 un plazo para legislar frente a la eutanasia. Pero pasaron 18 años y el Legislativo omitió esa responsabilidad, por lo que en el 2015 la misma Corte Constitucional volvió a decidir sobre la materia y en esa ocasión le dio 30 días al Ministerio de Salud para que regulara el derecho de los pacientes terminales a una la muerte digna.
Así fue como el Ministerio de Salud expidió, en abril del 2015, un protocolo para que hospitales, clínicas y EPS practiquen la eutanasia.
Y en abril del año pasado se cumplió el plazo de dos años que la Corte le dio al Congreso para regular la doble instancia para personas que son condenadas por primera vez. Como el Legislativo no lo hizo, se supone que desde esa fecha quienes estén en esa situación pueden interponer un recurso ante la Corte Suprema, corporación que se ha negado a cumplir el fallo de la Constitucional, porque dice que modificar su reglamento sería competencia única del Legislativo.
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