Por un predio en el que se deberían estar pagando 9 millones de pesos de arriendo mensual en las paradisiacas islas del Rosario se está cancelando hoy, según quedó inscrito en un contrato firmado en marzo del 2016, menos de un millón.
El predio está a nombre de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres, actual secretario de Movilidad de Barranquilla, Atlántico, y Christian Bellingrodt Salom.
Esa misma gabela beneficia a los tenedores de otros siete predios, quienes disfrutan de terrenos ubicados en uno de los lugares más hermosos y codiciados de Colombia, pagando precios irrisorios.
El escandaloso caso ya llegó a la Fiscalía, que tendrá que determinar la legalidad de los contratos firmados por el Incoder el 7 de marzo del 2016.
Y es que en los próximos ocho años, tiempo que durarán los contratos, se pagarán sumas de dinero muy por debajo de lo que tendrían que cancelar, según el último avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
En total serían 22 millones de pesos al mes, 264 al año y más de 2.000 para el tiempo que duran los contratos –ocho años– el dinero que estaría dejando de recibir el Estado por el usufructo de terceros de esas tierras, los cuales son baldíos de la nación y durante décadas fueron explotados por particulares.
Así, por ejemplo, mientras por Isla Única, un predio de 2.800 metros cuadrados, la nación está recibiendo 771.600 pesos de arriendo, la casa que hay en ese terreno se alquila por más de 3’000.000 de pesos al día en temporada alta, más el alquiler de una lancha por 1’200.000 pesos.
En todo caso, según la denuncia, que ya está en poder de investigadores, el pago por ese predio debería ser poco más de 2 millones, pues la norma indica que el arriendo corresponde al 1 por ciento del avalúo de cada predio, en ese caso de 200 millones de pesos.
Incluso, hay personas que pagan valores tan irrisorios como los 200.000 pesos que constan en el contrato de las islas Latifundia y Minifundio.
El predio Techo Rojo, que mide más de 6.000 metros cuadrados, tiene un canon de arrendamiento de 452.600 pesos y debería estar pagando 3’100.000 pesos.
En la documentación que tiene el ente acusador, conocida por EL TIEMPO, se cuestiona la forma como se renovaron 10 contratos de arrendamiento de predios en las islas del Rosario, toda vez que se suscribieron un día antes de que el Incoder cesara sus funciones para entrar en liquidación. Además, en cinco de ellos no se había vencido el contrato anterior.
Los denunciantes piden también investigar por qué algunos arrendatarios no adquirieron las pólizas de cumplimiento que establecieron en los contratos. Una de las cláusulas del documento dice que se debía constituir una póliza única del 15 por ciento del valor total del contrato, con una vigencia de ocho años y hasta por cuatro meses más.
En la misma denuncia, que hace parte de la cruzada del presidente Juan Manuel Santos contra la corrupción, dice que pese a que algunos arrendatarios tenían deudas pendientes con la entidad, pudieron firmar el contrato para seguir disfrutando de las islas ocho años más.
En la lista están, entre otros predios, Punta Brava, arrendado por el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible José Vicente Mogollón por 1’180.000, cuando tendría que estar pagando 7’150.000 pesos.
Isla Latifundia y Minifundio, a nombre de la Sociedad Inversiones y Desarrollo Darranco; Techo Rojo, del extranjero Morris Mendal Haftel, y Estero de Canapote, a nombre de la excongresista y exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo.
Pero podrían ser muchos más. En total hay 116 predios de las islas arrendados, la mayoría de ellos a personas que durante décadas ocuparon los terrenos y construyeron casas de recreo, hoteles y hasta mansiones, sin pagar un peso al Estado. Y a cuya explotación ilegal les puso freno un fallo del Consejo de Estado, que hace 10 años exigió reglamentar su usufructo.
Defensa de enredados
Como consecuencia de la denuncia, Carlos Ignacio Carmona, quien se desempeñó como subgerente de Tierras Rurales del Incoder, presentó esta semana su renuncia al cargo que desempeña en el Ministerio de Agricultura, donde coordina la política de formalización de tierras.
El ministro Aurelio Iragorri todavía no ha aceptado la dimisión. Entre tanto, está estudiando un informe entregado por Carmona, en el que explica sus actuaciones en el Incoder.
Carmona le dijo a EL TIEMPO que a su llegada al Incoder encontró que durante unos tres o cuatro años no se había hecho el aumento del valor de los arriendos, lo que habría generado un detrimento patrimonial de unos 3.000 millones de pesos, pero que parte de su labor fue trabajar con los arrendatarios para llegar a acuerdos de pago.
También señaló que los contratos no se firmaron por el valor que dijo el Igac, porque ese avalúo ni siquiera se entregó en su totalidad y porque no se hizo un “avalúo catastral sino comercial, al contrario de lo que dice la norma”.
El abogado Francisco José de Castro, representante de los arrendatarios reunidos en la Fundación islas del Rosario y quien fue el apoderado de ellos en la renovación de sus contratos con el Incoder, sostiene que el valor de los terrenos no se compadece con la realidad de la mayoría de los predios. “Ahí no hay un palacio, hay personas que no tienen casa y están esperando el permiso para construir una. No hay luz ni agua”.
Este diario consultó a Miguel Samper, de la Agencia Nacional de Tierras, quien señaló que tanto el presidente Santos como el ministro de Agricultura han dado instrucciones para que los procesos de asignación de tierras sean transparentes y que prefiere que sean las autoridades las que se pronuncien sobre el caso.
Excongresista dice que pago es justo
La excongresista y exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano manifiesta que la renovación del contrato se hizo bajo el cumplimiento de las condiciones legales y que corresponde a lo establecido por el Incoder.
Serrano, que llegó a las islas del Rosario en los 80, reconoce que su familia dejó de pagar, por años, el arriendo del predio, de 1.700 metros cuadrados.
“Nunca nos dieron el permiso para hacer las adecuaciones que necesitaba la casa, entonces se cayó. Ya no tenemos casa en la isla”, dijo Serrano, que en 1997 fue destituida de su cargo como gobernadora en un caso por participación en política y cuya sanción fue anulada en el 2004 por el Tribunal Administrativo de San Andrés.
Serrano agrega que para la renovación del contrato llegaron a un acuerdo de pago y ya desembolsaron $ 45 millones que debían.
VALENTINA OBANDO JARAMILLO
Redacción JUSTICIA
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