La ganadería debe contribuir al desarrollo de las zonas de posconflicto mediante la creación de clústeres productivos que permitan dejar los cultivos ilícitos y crear ingresos sostenibles para sus habitantes, las familias que retornan al campo y los guerrilleros desmovilizados. Con el apoyo del Estado, gremios y productores, se puede establecer un nuevo modelo que ayude a superar la pobreza y el atraso tecnológico en regiones que estuvieron marginadas por el conflicto.
Los clústeres se pueden desarrollar en el eje Caquetá-Huila-Tolima y sur del Meta; en el suroccidente, integrando el eje productivo Putumayo-Nariño-Cauca; en el nororiente, Arauca, Casanare y Norte de Santander; y en el bajo Magdalena, Bolívar, Magdalena y Santander.
El del suroccidente se puede especializar en lácteos para consumo directo y el del oriente, en carne bovina y lácteos para uso industrial. Los estudios de Unaga estiman que involucraría a 285.000 productores con un potencial de procesamiento de 4 millones de litros/día, que sería más del 20 % de la producción nacional, y permitiría sustituir costosas importaciones.
En carne bovina, el potencial de beneficio inexplotado equivale a un 37 % de lo que genera el país. Las regiones con menos infraestructura están en el suroccidente y el nororiente del país, y los clústeres permitirían incorporar a unos 25.000 nuevos productores utilizando los programa de redistribución de tierras. La ganadería y sus cadenas se convertirían en fuente de ingresos y empleo para los desmovilizados.
Los clústeres cubrirían 11 de los 16 departamentos con programas del posconflicto, pero requieren recursos de presupuesto, regalías y cooperación internacional para infraestructura –vías, electrificación, cadena de frío, transporte, procesamiento y comercialización–. Y con las empresas privadas se pueden lograr acuerdos para la compra de la producción a precios remunerativos.
Los pequeños ganaderos y los que ingresan al sector por la desmovilización necesitarán capacitación, asistencia técnica, extensión, mejoramiento genético y tecnología informática. Los gremios y asociaciones, en coordinación con los comités de ganaderos, pueden apoyar en estos programas. Los recursos de posconflicto deben contribuir a formar hatos básicos, con los incentivos de la reforma rural integral: subsidios directos, capital semilla, líneas de crédito blandas y a largo plazo, para la conformación de los hatos; adecuar la infraestructura, capital de trabajo y cobertura de riesgos.
En ese modelo surgen muchas posibilidades en las zonas con cultivos ilícitos, en las que la participación de las comunidades es mucho mayor al desaparecer la confrontación. La sustitución de cultivos ilícitos por alimentos favorecerá nuevos eslabones de suministro e intercambio de alimentos y materias primas locales, incluyendo alimentos de origen bovino y la demanda de forraje.
Los proyectos de la reforma rural y de sustitución de cultivos ilícitos, así como la restitución de tierras y el retorno de familias desplazadas, deben incorporarse al capital humano en la zona. Para garantizar el éxito hay que considerar la edad, el nivel educativo, las experiencias previas en actividades afines y la capacidad de gestión asociativa de los potenciales nuevos productores.
La propuesta de los clústeres encuentra resistencias entre ganaderos tradicionales, y en especial entre quienes padecieron más de cerca el conflicto irregular. Pero es necesario superar los prejuicios y aprovechar las oportunidades que ofrecen para generar ingresos y desarrollo regional. Esta es una obligación en el posconflicto y una oportunidad para aprovechar recursos que estuvieron congelados.
Ricardo Sánchez Rondón
* Presidente de Unaga