Las alarmantes cifras halladas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los costos del crimen y la violencia en América Latina deberían ser suficientes para prender las alarmas en los gobiernos de todos los países de la región.
La cifra, según el BID, asciende, en promedio, a 3,55 por ciento del Producto Interno Bruto del continente, en comparación con 2,75 por ciento en los Estados Unidos, donde la mayor parte de la población está armada.
"Si la región acercará sus costos del crimen al nivel de los países desarrollados, podría aumentar su inversión en infraestructura en un 50 por ciento", indicó el estudio. Además, tal aseveración condujo al organismo internacional a expresar que "el crimen y la violencia alcanzan niveles que se acercan a una crisis".
En términos numéricos, se trata de 261.000 millones de dólares, equivalentes a los ingresos del 30 por ciento de la población de menores ingresos de la región.
Y no es para menos. Las estadísticas que cita el BID dan cuenta de que la región región de América Latina tiene el 9 por ciento de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global.
América Latina tiene el poco honroso rótulo de ser "la región más violenta del planeta, fuera de las zonas de guerra".
En esta área del mundo la impunidad y la negligencia de los responsables de la seguridad reinan. Seis de cada 10 robos son cometidos con violencia y el 90 por ciento de los homicidios no son resueltos.
Por tanto, las cárceles en el territorio latinoamericanos están entre las más hacinadas en el mundo.
Según el informe, la medición se hizo a partir de los costos sociales (ingresos cesantes, tanto de la víctima como de la población carcelaria); los gastos del sector privado (hogares y negocios) en seguridad; los gastos fiscales para invertir en policías y cárceles.
Esta lista de variables deja por fuera aspectos más difíciles de medir, como "los cambios en el comportamiento de las personas debido al miedo al crimen o los impactos de la violencia en la salud de la gente".
Lo paradójico de los resultados del estudio señalan lo mal enfocadas que están las políticas para atacar el crimen en la violencia en los países de la región. Así, los que más invierten en cárceles no necesariamente se benefician con menos delincuencia. Por ejemplo, Bahamas y El Salvador invierten altas sumas en sus sistemas penitenciarios, pero sufren de elevadas tasas de delincuencia. Por el contrario, Argentina y Uruguay tienen menores niveles de encarcelación y también niveles de crimen más bajos.
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