La inédita decisión de la Fiscalía de declarar delito de lesa humanidad la financiación del paramilitarismo en el Urabá antioqueño abrió la puerta para que los empresarios y particulares que aportaron dinero a otros grupos ilegales, en otras regiones del país, puedan ser judicializados por el cargo de concierto para delinquir.
Este jueves, en una resolución de un fiscal de justicia transicional, se consideró delito de lesa humanidad la financiación voluntaria que habrían hecho empresarios al frente Arlex Hurtado del bloque Bananeros que operó en al menos cuatro municipios de Antioquia.
En un documento de 125 páginas, la Fiscalía señala que esos aportes no fueron producto de la extorsión, sino que fueron parte de un acuerdo voluntario que permitió constituir “el andamiaje logístico y económico para poner en funcionamiento el frente (paramilitar) y de paso sembrar el terror en esa zona de Urabá”.
El mismo fiscal del caso dejó claro en su decisión que aunque la investigación se limita al hecho puntual de los bananeros que dieron plata a los paramilitares de Urabá, esta misma tesis se podría extender a quienes financiaron a otros grupos ilegales como las Farc, el Eln, el Epl y la Corriente de Renovación Socialista, que también delinquieron en esa región del país y “que fueron presumiblemente autoras de sinnúmero hechos delictivos”.
Y fuentes de la Fiscalía señalaron que en casos en otras zonas del país también se podría aplicar esa tesis, con lo que los procesos contra los financiadores del conflicto armado no prescribirían y ellos quedarían expuestos a penas de hasta 12 años de cárcel.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha insistido que quienes hicieron pagos obligados a grupos ilegales no deben temer, pero que quienes lo hicieron voluntariamente tendrán que responder ante la justicia. Las declaraciones de los desmovilizados de los grupos ilegales serán claves en la identificación de sus financiadores, que hasta ahora no habían sido tocados por las autoridades.
Pagos de 194 empresas
La investigación en Urabá se concentra en los pagos realizados a las Auc entre 1996 y 2004, los cuales inicialmente se hacían en una oficina en Medellín y que luego se intentaron legalizar como aportes a la Convivir Papagayo. Según los ‘exparas’, 194 empresas bananeras les aportaron.
“La seguridad comprada a esta agrupación delictiva dio como resultado que se presentaran asesinatos colectivos, muertes selectivas de trabajadores sindicalizados y desplazamiento de centenares de personas”, se lee en la resolución.
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Aparecen mencionados los nexos de los paramilitares con la multinacional Chiquita Brands, que ya tuvo un capítulo judicial en el exterior, y el ingreso a Colombia de 3.400 fusiles y cinco millones de cartuchos en el famoso barco Otterloo, que llegó a un terminal de la comercializadora Banadex.
En el documento, la Fiscalía relaciona delitos como homicidio, desplazamiento, reclutamiento, secuestro y violencia de género, que habrían dejado más de siete mil víctimas en diez años en Apartadó, Chigorodó, Turbo y Carepa. Esos crímenes, dice el ente acusador, fueron perpetrados por hombres del exparamilitar Raúl Emilio Hasbún, ‘Pedro Bonito’, los cuales “no se habrían podido cometer de no ser por el apoyo financiero voluntario y eficaz de empresarios bananeros de la región”.
Hasbún, testigo clave en el caso, proporcionó los nombres de las empresas y particulares que entregaron dinero a las Auc.
La Fiscalía le da crédito a las versiones de paramilitares como Freddy Rendón Herrera, ‘el Alemán’, quien señaló que “los bananeros, sin exclusión de ningún empresario de la industria bananera, todos pagaban”.
El exjefe de las Auc Salvatore Mancuso señaló que el modelo de financiación en el Urabá, consistente en el aporte de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, fue tan exitoso que se reunió con ‘Pedro Bonito’ para aplicar ese esquema en otras regiones del país.
Y Éver Veloza, alias HH, declaró: “A nosotros no nos dijeron vaya y mate a este o a aquel, pero ese dinero se usó para comprar armas, munición, (...) entonces, desde luego, ese dinero sirvió para matar gente en el Urabá”. También aparece la declaración del mercenario israelí Yair Klein, quien señaló que fueron bananeros de Urabá quienes financiaron su estadía en Colombia para entrenar grupos de autodefensa.
Lucha contra la impunidad
En diciembre, cuando EL TIEMPO reveló que la Fiscalía tenía lista la decisión frente a los financiadores de los actores del conflicto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que antes de que entre en vigor la nueva Justicia Especial para la Paz (JEP), que por competencia asumiría todos estos casos, la Fiscalía espera avanzar en el esclarecimiento de “esos funestos hechos” y evitar “que queden en la impunidad”.
La JEP ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y está pendiente de debate en el Senado.
Chiquita, condenada en EE. UU. por apoyo a ‘paras’
En marzo del 2007, luego de declararse culpable de pagar 1,7 millones de dólares, Chiquita Brands se convirtió en la primera multinacional castigada por financiar grupos paramilitares en Colombia. La justicia estadounidense le impuso una multa de 25 millones de dólares a la compañía por haber patrocinado, a través de su filial Banadex, entre 1997 y el 2004, una organización considerada terrorista por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, en Colombia, el proceso contra la empresa no ha tenido, hasta ahora, mayores avances. En marzo del 2012, un fiscal de Medellín cerró el caso por considerar que Chiquita había cancelado sus negocios en el país
a causa de extorsiones. En diciembre de ese año, el proceso contra 13 directivos de la compañía se reabrió con una acusación por concierto para delinquir.
La Fiscalía dice que hay evidencias de que el dinero entregado por Chiquita a las Convivir terminaba en manos de las Autodefensas. Incluso afirma que “después de ser reconocidas las Auc como grupo terrorista, se continuó con los pagos a tal punto que la empresa pidió autorización al gobierno de Estados Unidos para hacerlos. A pesar de la negativa del Departamento de Justicia, desde el 2003 y por varios meses se siguieron pagando las sumas de dinero a esa organización criminal”.
3.400 armas llegaron en el barco Otterloo
En manos de paramilitares de Córdoba y Urabá terminaron los 3.400 AK-47 y 5 millones de cartuchos calibre 7,62 milímetros que llegaron al país a bordo del barco Otterloo y fueron desembarcados en una terminal de Banadex, en el puerto de Zungo en Turbo, Antioquia, el 5 de noviembre del 2001.
La embarcación había zarpado del puerto de Veracruz (México) dos semanas atrás con 23 contenedores, 14 de los cuales traían las armas, y los demás, pelotas plásticas. Cuando las autoridades fueron alertadas sobre la supuesta entrada de un arsenal de armas, ya el cargamento avaluado en 32.500 millones de pesos había sido distribuido. Un año después, Carlos Castaño le reconoció a EL TIEMPO que los fusiles de origen nicaragüense eran para su organización, algo que calificó de su “mejor gol”.
Inteligencia de la Policía de Colombia estableció que las armas fueron vendidas por la Policía de Nicaragua, al ser engañada por una empresa que se hizo pasar por su homóloga en Panamá.
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