Hace 20 años, la ONU encargó a la activista de los derechos de los niños y esposa de Nelson Mandela, Graça Machel, estudiar los efectos de los conflictos armados en los menores de edad.
El organismo los divulgó a los Estados parte, con la recomendación de diseñar un proceso diferencial de reintegración para niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados.
El argumento era que ningún tratado de paz había reconocido oficialmente la existencia de los niños soldados y, por tanto, sería poco probable que sus necesidades especiales fueran tenidas en cuenta en los programas de reintegración, con lo cual no serían eficaces.
En su concepto, el proceso de reintegración debía ayudar a los niños a “establecer nuevos fundamentos en su vida sobre la base de su capacidad individual”. (Además: 63 mil personas se han desmovilizado en Colombia)
Esa misma lógica se aplica hoy para la reintegración exitosa de los jóvenes excombatientes, no por la falta de reconocimiento de su existencia en las filas, sino porque, al igual que niños y adolescentes tienen unas características propias de su edad, están en proceso de desarrollo y aprendizaje y, especialmente, cuentan con una doble condición de víctimas y victimarios, y de constructores y desestabilizadores de la paz.
Según el Conpes 3554 de 2008, que define la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales (PRSE), esta política debe enfocar su intervención en tres grupos (desmovilizados y desvinculados, familiares y comunidades receptoras), reconociendo las diferencias etarias, culturales, geográficas, étnicas y de género.
El PRSE clasifica el grupo de desmovilizados y desvinculados en: a) Adultos (mayores de 26 años); b) Jóvenes (18 a 25 años); c) Niños, niñas y adolescentes desvinculados (menores de 18 años; d) Líderes-Mandos medios; y e) Personas en situación de discapacidad física o mental.
Quienes han guiado procesos de desmovilización de jóvenes o han estudiado esta etapa de la vida aseguran que por varias razones ellos imponen retos relevantes a la reintegración, entre los que se destacan tres: pueden ser un gran porcentaje de los desmovilizados, están en una etapa de la vida con desafíos y son decisivos en el futuro.
De acuerdo con reportes internacionales, el 60 por ciento de los combatientes que abandonan las armas están en el rango entre 18 y 24 años de edad (Experiencias de jóvenes excombatientes en proceso de reintegración a la vida civil en Bogotá, D. C. Acosta, Gabrysch y Góngora, 2007).
Eso significa que son jóvenes, lo cual indica unas características propias de la edad.
En palabras de Carlos Zorro, profesor de los Andes y estudioso de la población joven, los jóvenes están en una etapa con características diferentes a las de cualquier otra: de exploración de la identidad, inestabilidad, egocentrismo y preocupación por la formación y la producción.
Esas características las tienen los jóvenes desmovilizados. De hecho, para ellos es central la búsqueda de la identidad, por lo cual esta debe ser un tema esencial en el proceso de reintegración.
En ‘Trasegar de las subjetividades y las memorias de las y los jóvenes desmovilizados en el tránsito a la vida civil. Una mirada a los programas educativos y de apoyo psicosocial’, Lara y Delgado (2010) llaman la atención sobre ello.
Su tesis parte de considerar que al dejar el grupo que les daba sostén, los jóvenes excombatientes quedan en el vacío, sin significantes, sin vínculos, con un horizonte incierto y con la obligación de transformar sus identidades, lo cual ya habían hecho al entrar a las filas porque debieron olvidar su nombre y su manera de vivir.
“Esa nueva vida que deben aprender implica la dejación del uniforme, de las armas que constituían una prolongación de su brazo y de su mano, y del colectivo militar que se constituyó en el cuerpo que les daba soporte (...); esa salida no se da con la entrega del fusil y del camuflado. A modo de ver de los investigadores y expertos consultados, esta solo tendrá lugar cuando el sujeto haya logrado desvincularse emocionalmente de su grupo y conseguido deshacer los lazos e identificaciones que lo mantenían atado a él”, señalan los autores.
Diferencias con los adultos
Algunos podrían pensar que lo señalado no amerita diseñar un proceso particular para los jóvenes desmovilizados. No lo consideran así quienes han tenido a cargo este proceso. Jorge Gaviria, quien fue director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín en las desmovilizaciones colectivas de las Auc entre el 2003 y el 2006, asegura que el proceso evolutivo como persona y la relación con el proyecto de vida son diferentes en un joven y en un adulto desmovilizado, razón por la cual uno y otro requieren un proceso de reintegración distinto y personalizado.
El primero, explica, tiene un “triángulo de necesidades”: reconocimiento, afiliación e identidad; mientras que el segundo no cuenta con esas demandas, busca más un proyecto de vida que le dé seguridad y no le implique esfuerzos mayores de aprendizaje y transformación. Obviamente, existen excepciones, pero lo cierto es que esa realidad exige que el proceso de reintegración cuente con componentes que satisfagan las demandas enunciadas y además que sea atractivo, ya que la población joven es más proclive al riesgo, la aventura y la exploración. (Lea también: Así se imaginan el futuro los guerrilleros de las Farc)
“Hay que enseñarle a hacer la fila, como la hace todo el mundo, y eso a veces no resulta tan atractivo. ¿Qué seduce más: un salón de clase o un campo de tiro? Ese entender la dinámica personal, familiar, de comunidad y de grupo, y a la vez tratar de resolver colectivamente los problemas individuales, encontrar pares entre cada uno, un nuevo elemento de seducción para que se mantengan en la legalidad, no es tan sencillo”, asegura. En su concepto, es importante también tener conciencia de los altos índices de consumo de sustancias sicoactivas entre ellos.
Genaro Díaz, quien fue coordinador del Centro de Referencia y Oportunidades Juveniles (Croj) de Cafam (entre el 2003 y el 2011 dio referencia a los empresarios sobre esta población), también describe una tríada de necesidades en los jóvenes desmovilizados que no percibe de la misma manera en los adultos.
En su concepto, los muchachos tienen tres dimensiones que deben ser respondidas en la reintegración: 1) Sicoafectiva: qué piensa de sí mismo, cómo se reconoce y cómo se identifica (autoconcepto). 2) Social: a dónde pertenece (su lugar en un grupo). 3) Productiva: busca una identidad productiva.
“El joven desmovilizado se pregunta qué quiere ser. Acaba de sufrir un proceso traumático y tiene la necesidad de generar su propia visión de futuro”, explica Díaz.
En el planteamiento de este experto, para responder su pregunta el joven requiere contar con la posibilidad de potenciar las capacidades que trae y de desarrollar otras.
Un adulto, en cambio, se pregunta qué quiere hacer; y aunque también se replantea su proyecto de vida, lo hace con criterios diferentes y con mayores conocimientos y experiencia.
Doble condición
Los expertos señalan otro rasgo diferenciador: la doble condición de los jóvenes excombatientes de víctimas y victimarios y de constructores y desestabilizadores de la paz.
“No se puede perder de vista que los jóvenes excombatientes son, en primera instancia, víctimas de la violencia: son incorporados a los grupos ilegales a temprana edad y permanecen en ellos buena parte de su etapa de desarrollo personal. La condición de ‘voluntariedad’ que frecuentemente se asocia con esta decisión debe ser considerada a la luz de su situación de vulnerabilidad y precarias condiciones para el ejercicio de sus derechos, tanto en el momento de su ‘reclutamiento’ como durante su permanencia dentro del grupo armado”, aseguran Acosta, Gabrysch y Góngora.
Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003, ‘El conflicto, callejón con salida’, asegura que cerca del 90 por ciento de los desmovilizados (jóvenes y adultos) provienen de la ruralidad, donde, como señaló el Censo Nacional Agropecuario 2015, están las mayores tasas de pobreza del país.
En cuanto a la condición de estabilizadores o desestabilizadores de la paz, esta hace referencia al potencial que tienen de ayudar a construir un nuevo país, si logran reintegrarse a la vida civil o, por el contrario, de ser potenciales miembros de bandas emergentes, de no conseguirlo.
Precisamente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hizo una referencia al tema en el informe de comienzos del 2015: “El Estado debe invertir en maximizar las oportunidades económicas y de trabajo para los jóvenes que les ofrezcan alternativas viables para no unirse a los grupos criminales”.
Las maras de Centroamérica dan muestra de este imperativo. “En El Salvador y Guatemala fallaron porque ganaron al alcanzar la paz, pero perdieron con el posconflicto”, señaló Eduardo Pizarro, uno de los dos relatores de la Comisión Histórica del Conflicto, conformada por la mesa de diálogo en La Habana, cuando presentó el documento.
Finalmente, el punto que hace referencia a que el futuro está en manos de los jóvenes incluye también a los muchachos desmovilizados.
Hoy, la población de entre 18 y 25 años es considera un grupo estratégico para el desarrollo, por su aporte económico y social.
En el caso de los jóvenes desmovilizados, además pueden “hacer contribuciones importantes al proceso de reconstrucción, reconciliación y recuperación de un país”, como señalan Acosta, Gabrysch y Góngora.
La ONU lo ha dicho de otra manera: encauzar y aprovechar la energía, las ideas y la experiencia de los jóvenes permitirá “crear una nueva sociedad posterior a los conflictos”.
Constanza Jerez*
Especial para EL TIEMPO
* Periodista y especialista en Organizaciones, Responsabilidad Social y Desarrollo. Este texto es producto de la tesis que la autora escribió para obtener su grado como Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo del Cider-Universidad de los Andes.