“No se puede construir un muro entre las comunidades indígenas y la sociedad de Caldas”. El pronunciamiento lo hizo el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper al señalar que detrás de los comentarios y ataques contra la ubicación del resguardo indígena Totumal en Viterbo, Caldas, se esconde un tema de racismo y exclusión.
El lío comenzó la primera semana de diciembre cuando la ANT compró un predio ubicado en la vereda La Merced de ese municipio para garantizar el acceso a la tierra de los indígenas. Sin embargo, a finales del mismo mes los vecinos enviaron un derecho de petición a la alcaldía criticando la decisión.
En el documento algunos habitantes de Viterbo manifestaron su inconformidad “debido a los problemas de inseguridad que una situación de éstas acarrea al municipio, zona de reconocido desarrollo turístico y de condominios, sumado a la valoración de los predios, la seguridad ciudadana y la sana convivencia que ha imperado en esta región”, se lee en el documento.
A esas críticas se sumaron otras de la alcaldía y la gobernación que afirmaron no haber sido consultadas para el establecimiento del asentamiento indígena. Sin embargo la ANT respondió que desde el 2015 extendió una consulta a las autoridades locales, que fue respondida en octubre pasado, para obtener un certificado sobre los usos del suelo en el predio que se pretendía comprar, informando a su vez, quienes lo habitarían en caso de ser adquirido.
Este martes se llevó a cabo una reunión para encontrar puntos de encuentro entre los mandatarios locales, los indígenas y los vecinos del predio.
Samper dijo que los mandatarios tienen una actitud conciliadora para fomentar la conversación entre los implicados. Sin embargo, sostuvo que dirigentes del Centro Democrático están politizando el tema y fomentando la idea de la imposición de muros entre comunidades.
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“Las comunidades indígenas son muy vulnerables y los embera chamí lo son especialmente. La Corte ya ha dicho que están en riesgo de exterminio. Por eso nuestra tarea es seguir en este proceso para dales acceso a la tierra”, manifestó Samper, quien dijo que durante el 2016 se hizo el mismo proceso de adquisición con 57 predios más que le fueron adjudicados a comunidades indígenas.
El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, quien interpuso una solicitud de investigación en la Procuraduría por supuestos sobrecostos en la compra del predio y para que se indague el proceso por medio del cual se consiguió el predio, dijo que como congresista recogió las preocupaciones manifestadas por las autoridades y los habitantes del municipio.
“A la población le preocupa que no sea una cosa ordenada. Lo que está en discusión es si ese municipio puede proveer a los nuevos habitantes los servicios básicos”, señaló. E insistió en que por este mismo motivo sí hay una obligación de la Agencia de Tierras de consultar con el municipio si puede garantizar la vida digna de los miembros del resguardo.
El gobernador de Caldas, Ricardo Gómez, por su parte, manifestó que su administración no se está oponiendo a que se otorguen tierras a los indígenas, pero su preocupación y la de la alcaldesa de Viterbo, Alba Luz Escobar, es que la ubicación de las personas se haga de una forma ordenada y coordinada pues “esas situaciones conllevan demandas para las que las autoridades no están preparadas. Se necesita resolver, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, los subsidios agrícolas y las viviendas de los nuevos habitantes del predio”.
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